El Gobierno italiano aprueba una ley que permitirá a los corruptos evitar la cárcel

Nadie quiere hablar de punto final ni de amnistía, y el primer ministro italiano, Romano Prodi, asegura que se ha tratado, precisamente, de evitar que muchas de las investigaciones en curso se cierren por prescripción y que los correspondientes delitos queden impunes. Pero lo cierto es que el Gobierno italiano aprobó ayer una ley que permitirá que corruptos, prevaricadores, traficantes de intereses y otros muchos delincuentes, salvo terroristas y mafiosos, se libren de la cárcel sin necesidad siquiera de confesar, pero a condición de que resarzan el daño causado.

Los efectos prácticos de esta ley, anunciada desde el pasado octubre, son difíciles de prever y dependerán, en primer lugar, de que el Parlamento la apruebe en pocas semanas o de que la deje dormir durante meses, ya que en este caso resultaría difícil suspender los procesos ya anunciados, incluidos los de Silvio Berlusconi y el proceso preliminar por un supuesto delito de prevaricación convocado para la semana próxima contra Prodi. La ley, por otra parte, no podrá ser aplicada al ex líder socialista Bettino Craxi, exiliado en Túnez con una condena a cinco años y medio de cárcel, aunque una eventual petición de clemencia podría encontrar ahora más fundamento.Es claro, en cualquier caso, que se abre una nueva etapa caracterizada por un marco legal en el que, probablemente, nunca habría estallado el pacto de silencio que dio lugar a la domesticación de la corrupción conocida como Tangentópolis y cuya figura emblemática fue el ahora ex juez y ex ministro Antonio di Pietro, impulsor de la operación Manos Limpias. El pacto se rompió, en efecto, porque se disgregó el consenso político que lo sustentaba, pero también porque los jueces utilizaron la prisión preventiva para lograr confesiones. En la nueva situación, esa medida resultará mucho más difícil.

Y sin embargo, ayer no se produjo ninguna de las reacciones acaloradas que acompañaron a cada intento previo de cerrar esta era italiana de los procesos. El primer intento, protagonizado en 1994 por Berlusconi, cuando intentó introducir una ley que excluía la prisión preventiva para los delitos económicos relacionados con la política, marcó de muerte al Gobierno presidido por el empresario televisivo.

Sólo un representante del Partido de la Refundación Comunista (PCR) se apresuró ayer a declarar oposición a lo aprobado por el Gobierno. La acogida en principio moderada de las fuerzas restantes responde a un cambio claro de ambiente, por el que todos los partidos, desde la derechista Alianza Nacional hasta el ya citado PDS, han reconocido que la política italiana no puede seguir pendiente de las decisiones judiciales y han señalado abusos de los magistrados.Más aceptable

La medida aprobada por el Gobierno tiene, por otra parte, unas características fundamentalmente distintas de las que le precedieron, y esto explica también que resulte más aceptable. Ha sido elaborada por el ministro de Justicia, Giovanni Maria Flick, un ex abogado defensor de corruptores y corruptos. La ley no se plantea como una medida específica para los delitos de corrupción relacionados con la política, sino como un elemento importante de una reforma amplia orientada a lograr una justicia más eficaz y a acelerar los procesos.

La norma concreta aprobada permite pactar la pena de todos los delitos, menos algunos especialmente graves, punibles con menos de tres años de cárcel una vez aplicadas todas las generosas rebajas que la propia ley prevé, y la de negociar la sustitución del castigo resultante por un servicio social o el arresto domiciliario. El efecto práctico es similar al de una despenalización, salvo porque el juez puede imponer las penas de inhabilitación para cargo público o privado.

El acusado debe negociar con el fiscal bajo la supervisión del juez. El mero acuerdo vale ya por un tercio de la pena acumulable a otros descuentos derivados del resarcimiento del daño, de modo que pueden acogerse a este sistema los reos de delitos castigados con penas de 12 y más años. Si el juez tiene pruebas suficientes, no es preciso siquiera que el acusado confiese. El proceso público sólo se celebrará en casos de interés social y, tras siete años sin reincidencia, se cancelarán los antecedentes penales. Paradójicamente, la principal resistencia deriva de los abogados.