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Rajoy ordena parar el fuerte aumento detectado en la plantilla de funcionarios de máximo nivel

Luis R. Aizpeolea

La reforma de la Administración central anunciada por el Gobierno del PP hace agua. El Ejecutivo no sólo no ha conseguido la meta política de ahorrar en los Presupuestos 70.000 millones de pesetas con la reducción de altos cargos -de directores generales a ministros- y de funcionarios de máximo nivel. Lejos de disminuir, los cuerpos de élite de la Administración -los míveles 28, 29 y 30- han aumentado entre julio y diciembre en 197 miembros, según datos del Registro Central de Personal. El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, se ha quedado tan sorprendido que ha enviado una carta, fechada el 29 de noviembre, a todos los ministerios para que cesen los nombramientos y no se cubran las vacantes.

El secretario de Estado de Administración Pública, Francisco Villar, envió el pasado 29 de noviembre una carta a todos los subsecretarios -o máximos responsables de personal- de los ministerios en la que les notifica que los últimos datos facilitados por el Registro Central de Personal del Ministerio de Administraciones Públicas arrojan un 11 sensible aumento" de los niveles 28, 29 y 30, cuerpos de élite de la Administración. Estas plazas de máximo nivel las ocupan subdirectores generales, subdirectores adjuntos, asesores, jefes de área y asimilados.Villar explica que una parte de este aumento se. debe a la reincorporación de ex altos cargos del Gobierno socialista -funcionarios de profesión- a los niveles de élite de la Administración. Pero acto seguido es contundente con las nuevas contrataciones que se están produciendo. Frenazo en seco. No deben cubrirse vacantes ni autorizarse nuevas comisiones de servicio ni adscripciones provisionales.

La carta del secretario de Estado de Administración Pública es consecuencia directa del último boletín del Registro Central de Personal, que controla el Ministerio de las Administraciones Públicas. Este boletín, de publicación semestral, arroja un aumento, en el segundo semestre del año, de 7.831 a 8.028 miembros de los cuerpos de élite de la Administración; esto es, de los niveles 28, 29 y 30. Un inesperado incremento que entra en total contradicción con la política de reducción de la cúpula de la Administración que. se había propuesto el Gobierno de José María Aznar. Durante la campana electoral de marzo, el PP se había comprometido a reducir a menos de la tercera parte estos cuerpos de máximo nivel.

Falta de confianza

El sorprendente aumento de estas cifras es consecuencia de la suma de una reestructuración precipitada en los escalones más altos de la Administración, de la incorporación de personal eventual y del reingreso de ex altos cargos del Gobierno socialista.El Ejecutivo del PP ha destituido a 586 cargos del nivel 30, el máximo de la Administración, al considerar que no contaban con la confianza del nuevo equipo político. Sin embargo, la mayoría de los perjudicados, al ser funcionarios con derechos consolidados, siguen ocupando puestos en la Administración, en muchos casos en el nivel 28. Concretamente, 97 ex altos cargos, de los cuales sólo 14 tienen carné del PSOE.

Paralelamente, el Gobierno ha relevado a los destituidos por funcionarios a los que ha promocionado, algunos incluso con el cargo de subdirector general. También los ha traído de fuera de la Administración, como personal eventual con cargo de asesores y jefes de prensa.

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La consecuencia de todo ello es una ligera disminución de los niveles 30, pero un incremento espectacular de los niveles 28, que ha acarreado un aumento total de 197 plazas en el funcionariado de máximo nivel de la Administración.

En la oposición, los populares lo veían de otra forma. En el proyecto de reforma de la Administración del Estado que presentó Manuel Núñez, responsable del área de Administración del PP, en octubre de 1992, proponían dejar en sólo 1.427 los miembros de los niveles 28, 29 y 30; un objetivo absolutamente alejado de las actuales 8.028 plazas. En febrero de 1996, en plena campaña electoral, Núñez proponía recortar a 2.025 el número total de subdirectores generales, asesores, jefes de área y asimilados. Esto es, reducir los niveles máximos de la Administración a una cuarta parte de los actuales.

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