La farmacia pide mayor papel en la sanidad frente a las amenazas de reforma

Los farmacéuticos han perdido la exclusiva de la venta de leches maternizadas, pañales, alimentos infantiles y cosméticos. A partir de enero verán reducido su margen de beneficio en dos puntos y desde hace años soportan la creciente presión la opinión pública y los farmacéuticos en paro, que denuncian los privilegios de los profesionales asentados. Ellos contraatacan defendiendo la eficacia del servicio y proponiendo reformas, que consistan sobre todo en que el farmacéutico participe más activamente en el sistema sanitario.

Un licenciado en farmacia cursa cinco años de carrera para terminar, en muchas ocasiones, dispensando los medicamentos, bien envasados, que le pide el paciente. Perdida gran parte de las antiguas atribuciones de la botica, el presidente del Tribunal de la Competencia, Juan Amadeo Petitbó, planteaba recientemente a la Comisión del Senado que estudia la ordenación farmacéutica un cambio también en este sentido para convertir a las farmacias de hoy en día en auténticos "establecimientos sanitarios" y no en meros dispensarios que, entre otras cosas, frustran también a los profesionales. La propuesta parece ser recibida con entusiasmo por todo el sector. "Ese punto de vista es novedoso e interesante", dice el senador del PP y farmacéutico José Francisco Hernández Gimerá, miembro de la nueva comisión que empezó sus trabajos el pasado 12 de noviembre. Por ejemplo, los presidentes de los colegios profesionales de Madrid y Cataluña, José Enrique Hours y Juan Gratacós i Agulló, respectivamente, se han manifestado partidarios de esa transformación. Ambos proponen la extensión de la tarjeta inteligente de identificación sanitaria para seguir los tratamientos de sus pacientes, detectar equivocaciones -medicamentos contraindicados para cada caso, por ejemplo- y hasta destapar el fraude. "Somos colaboradores del sistema", dice Hours. "No enemigos".

"El ejemplo de las farmacias vascas suministrando metadona a los toxicómanos con un seguimiento individualizado es un buen ejemplo del papel que pueden jugar en el futuro las farmacias en España", dijo el miércoles pasado el subsecretario del Ministerio de Sanidad, Enrique Castellón, en un debate sobre el tema en el Club Siglo XXI.

Las palabras de Castellón fueron bien recibidas, pero las relaciones entre el Gobierno y el sector no son tan idílicas como parece. Recientemente, los farmacéuticos amenazaron con boicotear a Sanidad si se imponía la tasa de veinte duros por receta. La decisión gubernamental de bajar el margen de beneficios en dos puntos (ahora es del 29,9%) ha sido unilateral debido, según Sanidad, a la cerrazón farmacéutica a negociar sobre el asunto.

"Que tenemos que adaptamos a los nuevos tiempos es indudable", dice Hours. "No tenemos por qué tener tanto miedo". Pero muchos lo tienen. Los farmacéuticos cuentan desde 1944 con leyes y reglamentos que, de forma creciente, ha ido convirtiendo al sector de las oficinas de farmacia en un coto cerrado que dificulta la incorporación de nuevos profesionales. Tan es así que las normas, lejos de establecer mínimos de farmacias para garantizar el servicio a los ciudadanos, fija máximos para evitar que la farmacia ya establecida sufra las consecuencias de la libre competencia.

Los senadores de la Comisión Especial del Senado -continuación de la ponencia suspendida en la pasada legislatura- están haciendo acopio de opiniones y datos sobre el asunto que vienen a confirmar los intereses cruzados que vive el sector. La representante de los farmacéuticos en paro, Pilar Aparicio, ha pedido en el Senado la derogación de las limitaciones. Dos semanas más tarde, el decano del colegio de Economistas, Gerardo Ortega, autor junto a Ramón Tamames de un informe encargado por los colegios farmacéuticos, pidió el cierre de parte de las farmacias que ya hay. "El número es excesivo", dice Ortega. "Pasar de 2.100 habitantes por farmacia a 2.800 será problemático, pero no veo otra vía para reducir el gasto público en farmacia".