El protocolo eléctrico garantiza la subvención al carbón nacional por lo menos hasta el 2005

El protocolo eléctrico que firmarán el Ministerio de Industria y las empresas del sector la próxima semana consagra la subvención al carbón nacional por lo menos hasta el año 2005. La nueva regulación eléctrica prevé que las empresas perciban 1,9 billones de pesetas en costes de adaptación durante 10 años. Las eléctricas verán reducidos sus beneficios en un 40% en los próximos cuatro años. La Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (CSEN), que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se opone al protocolo por considerar que no garantiza plenamente la liberalización.

El ministro de Industria, Josep Piqué, ha perdido el primer asalto en la guerra del carbón. En el protocolo que firmarán las empresas el próximo martes y que ayer fue presentado en Barcelona por el propio ministro, queda claro que la minería del carbón seguirá siendo subvencionada por el sistema eléctrico español, aunque de forma distinta a como se venía haciendo hasta ahora.Piqué asegura que la introducción de la competencia en el sector eléctrico mejorará la eficiencia de la minería del carbón. Pero lo cierto es que en este caso se ha impuesto el criterio del partido en el Gobierno, el PP, y del vicepresidente económico, Rodrigo Rato, cuya opinión es que las cuencas de Asturias y León deben continuar funcionando hasta el 2005 y que el ministro de turno debe encargarse de renegociar con Bruselas el mantenimiento de las instalaciones mineras. El futuro de la minería y su reconversión se negociarán por tanto al margen del protocolo.

El centro de la nueva regulación eléctrica es la reducción de tarifas. Piqué ha repetido una y mil veces que la transformación del sector va encaminada a obtener un coste menor de la energía. El protocolo indica que la tarifa eléctrica tendrá en los próximos años una reducción nominal del 3% en 1997, 2% en 1998 y 1% para 1999, 2000 y 2001. En el año 2001 se fijará la tasa de reducción desde el año 2002 hasta el 2008. A partir de este año, momento en que finalizará el periodo transitorio, será el mercado el que determine el nivel tarifario.

Dos meses de negociaciones

El protocolo eléctrico ha llevado dos meses de negociaciones entre el sector y la Administración a causa, precisamente, de las condiciones en las que Industria quiere que las empresas afronten el periodo transitorio. El protocolo establece este periodo como paréntesis en el que las compañías deben adaptarse al mercado competitivo. Para ello, acepta que las compañías sigan obteniendo una retribución superior a la que les debería asignar un mercado liberalizado y fija en 9,1 billones de pesetas esta retribución o "costes de adaptación", como dice el titular de Industria. Estos "costes de adaptación", también llamados "compromisos regulatorios", identifican las retribuciones que recibirán las compañías para compensar sus altas inversiones en activos eléctricos, las compras de carbón nacional y la llamada moratoria nuclear derivada de las centrales en desuso. En un primer momento de la negociación, las empresas exigían al ministerio 3 billones en "costes de adaptación".Finalmente, Industria cierra el protocolo atribuyendo a estos costes la cantidad de 1,7 billones y añadiendo 200.000 millones más por la subvención del carbón nacional y la parte retornable del coste de la empresa Elcogas de Puertollano, propiedad de las compañías eléctricas. En total: 1,9 billones de pesetas. El 80% de esta cantidad se ha fijado empresa por empresa, mientras que el restante 20% se cerrará anualmente después de analizar la situación contable y tecnológica de las compañías.El esfuerzo que Industria le pide al sector para abordar este periodo transitorio es descomunal. En los próximos cuatro años, la diferencia entre los ingresos del conjunto del sistema eléctrico, excluidas las externalidades de la tarifa como el carbón y la moratoria, y los ingresos previstos en el nuevo sistema asciende a 516.757 millones de pesetas. Esta cifra representa una caída anual de 130.000 millones en los ingresos del conjunto de las compañías y una reducción de los beneficios de las empresas del sector en tomo al 40%. Por primera vez en la historia de España, un Gobierno aflora las cuentas del sistema eléctrico; por primera vez, una Administración rescata de las tinieblas los costes de la energía.

Piqué aplaza el problema del carbón, pero gana, ante la opinión, la transparencia del sector eléctrico. El ministro considera que el esfuerzo exigido a las empresas no tiene que ir acompañado necesariamente de un ajuste en las plantillas. En la actualidad, el sector eléctrico español factura más de dos billones de pesetas anuales, emplea a 70.000 personas y supone el 3% del PIB nacional.