La Xunta gallega, denunciada por el trazado de un tendido eléctrico

Vecinos del pueblo pontevedrés de Merza, de un millar de habitantes, acusan a la Administración gallega de los delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento público y prevaricación en una denuncia que han presentado ante la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción relativa a la variación del trazado de una línea eléctrica de 400.000 voltios que ahora pasa a escasa distancia de las casas del pueblo.La línea eléctrica, promovida por Redesa, fue declarada de utilidad pública en 1990, y en 1993 fue aprobada -por imposiciones de la Xunta, según la denuncia- una variación del trazado que ahora describe "una curva pronunciada sobre el trayecto original, asombro de los ingenieros que la han visto", para no pasar sobre una concesión minera a cielo abierto, que emplea a menos de diez personas. La empresa minera, propiedad de Ricardo Vallo Camino ("empresario conocido por sus fluidas relaciones con las más altas instancias de la Xunta", precisa la demanda) reclamó a Redesa más de 10.000 millones de pesetas y consiguió que se desviara el trazado.