La Junta de Archivos propone que Cataluña reciba en depósito los papeles de Salamanca

La Generalitat de Cataluña tendrá el depósito de los documentos que se trasladaron al final de la guerra civil al Archivo de Salamanca pero no su titularidad, según el informe elaborado por una comisión de expertos y aprobado por la Junta Superior de Archivos el martes. La titularidad de estos documentos seguirá siendo de Salamanca. La Junta pide la creación de un gran archivo sobre la guerra civil en la ciudad. Realizado a petición de los grupos parlamentarios, este informe tiene que ser aprobado por el Congreso. Mientras el presidente de Castilla y León, Juan José Lucas, declaró ayer que su Gobierno recurrirá si se trasladan los documentos, el presidente catalán, Jordi Pujol, a la espera de lo que pueda decidir el Congreso, se mostró satisfecho porque el dictamen reconoce que los documentos fueron incautados y es favorable a su retorno.

Los historiadores Javier Tusell, Santos Juliá, Josep Fontana y Antonio Elorza han formado la comisión de expertos que, a petición de los partidos políticos, ha analizado durante seis meses la conveniencia o no del traslado a Cataluña de la documentación -507 legajos- generada por la Generalitat durante la II República, depositada en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca, y que fue reclamada por el Gobierno y el Parlamento de Cataluña.Partiendo de la base de que "los archivos son titulares de los papeles que tienen", los expertos proponen que los documentos sigan siendo de titularidad estatal, y que desde el Archivo de Salamanca se pueda hacer un depósito de los mismos a la Generalitat. La fórmula de depósito permite. el traslado de los legajos a una institución del Estado, como en este caso la Generalitat, y así se evita "la carrera de otro tipo de organismos que no son del Estado por hacerse con papeles", en opinión de un miembro de la comisión.

El informe pide la creación en la ciudad salmantina de un gran archivo sobre la contienda española, que tenga autonomía propia, es decir, que no sea una sección dentro del Archivo Histórico Nacional, como lo es ahora. Este nuevo archivo, al que se añadiría un centro de estudios, tendría a su frente a un patronato, formado por especialistas conocidos.

El juicio del consejero de Cultura catalán, Joan Maria Pujals, fue positivo. "No me parece demasiado relevante el hecho de que vengan en depósito; lo importante es que se reconoce que fueron incautados y que los papeles, de una manera u otra, vendrán". "Más allá de esto habrá que determinar qué legajos vienen y cuáles no". Pujals dijo que es indiscutible que la documentación de la Generalitat debe volver y que el resto de documentación -privada, sindical y judicial- es negociable.

La ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, subrayó que el Gobierno se mantendrá neutral en este asunto y que la decisión final será del Congreso de los Diputados. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, del PP, declaró que su Gobierno presentará un recurso si se decide trasladar los documentos a Cataluña. El alcalde de Salamanca, Julio Lanzarote, del PP, manifestó que se alegraba de que "se acuerden de una vez por todas del archivo, de que se anuncien importantes inversiones y de que se hable de albergar más colecciones", informa Ignacio Francia. Sin embargo, añadió: "No hay que precipitarse, tenemos hoy lo que tenemos". Según el alcalde, este dictamen no abre la puerta para el traslado de fondos a Cataluña. Lanzarote consideró que no hay peligro, ya que el depósito no implica, en su opinión, un traslado de los documentos.

El ex alcalde socialista de Salamanca Jesús Málaga recordó que la oferta de este gran archivo es la misma que ya presentó la ex ministra Carmen Alborch y contra la que convocó a los salmantinos para impedir el traslado.

El historiador Josep Benet y la diputada independentista Pilar Rahola consideraron positivo y racional el dictamen. Ambos no albergan dudas de que el depósito supone el retorno a Cataluña de los papeles.