Un Presupuesto extrapresupuestario

A medida que avanza el debate presupuestario, crece la preocupación por el complaciente recurso a procedimientos "extrapresupuestarios" para disimular la quiebra de la demagógica promesa electoral de incrementar la inversión, mantener las prestaciones sociales, bajar impuestos y cotizaciones y, a la vez, reducir el déficit.Pero lo que ahora corre el riesgo de quebrarse es la propia naturaleza y razón de ser del Presupuesto, al que se está vaciando de contenido en aspectos tan importantes como la inversión, las privatizaciones, la financiación de la empresa pública, de la sanidad y de las comunidades autónomas.

Así, la inversión pública civil disminuye un 18%. Pero se dice que no debemos preocupamos por el efecto que este drástico recorte tendrá sobre el crecimiento y el empleo, porque se cuenta, además, con una inversión "extrapresupuestaria", es decir, no incluida en el Presupuesto, financiada con "mayores recursos" procedentes de privatizaciones, que tampoco aparecen.

Todos los responsables económicos del PP han repetido esta cantinela con la satisfacción de quien cree haber descubierto la solución mágica a los problemas del déficit. Pero a los diputados de CiU deben de habérselo contado con más y mejores detalles, imposibles de conocer leyendo el Presupuesto, ya que han retirado sus enmiendas, porque las mayores inversiones que pedían para Cataluña se efectuarán de forma "extrapresupuestaria" sin que se aprueben en el Parlamento.

Como diputado catalán, estoy encantado de saber que se va a cerrar la autovía Lleida-Barcelona. Pero, aunque el Gobierno lo asegure, el Presupuesto no lo dice, y si el Presupuesto no explica cuánto y dónde se va a invertir, ¿cómo sabe un diputado si debe o no presentar enmiendas para reclamar tal o cual inversión que el Presupuesto no recoge? Y si el Gobierno asegura que va a ejecutar unas inversiones, ¿por qué votan PP y CiU en contra de las enmiendas que pretenden que el Presupuesto lo diga? ¿Para qué sirve entonces el Presupuesto?

Ante esta situación, conviene recordar que la Constitución exige que el Presupuesto contenga la totalidad de los ingresos y gastos públicos. Desde esta lógica democrática, ¿cómo puede el Gobierno reconocer que va a efectuar inversiones no recogidas en e! Presupuesto, y que las financiara con recursos no presupuestados, provengan de privatizaciones o de cualquier otro origen?

Es de temer que alguien esté engañando a alguien. Si el Gobierno cree que va a obtener más ingresos por privatizaciones, debe corregir su previsión y especificar en el Presupuesto qué objetivos y proyectos va a financiar. Y si hurta esta decisión del debate parlamentario, debe recordar que la propia Ley de Presupuestos obliga a dedicar los mayores ingresos a reducir el déficit y no a financiar nuevas inversiones.

Así, "extrapresupuestando" las decisiones presupuestarias, se consigue dar un cheque en blanco al Gobierno y que la distribución territorial de la inversión sea tan opaca como el pacto de financiación autonómica PP-CiU.

Todos los años el Presupuesto contiene la previsión de los recursos que van a transferirse a cada autonomía. Pero esta información ha sido cuidadosamente omitida del Presupuesto del 97. Sólo aparece una cifra, la suma de las transferencias a todas las comunidades, sin ninguna explicación de su procedencia ni de la cuantía correspondiente a cada comunidad ni por la liquidación del año en curso ni por la previsión del siguiente ejercicio.

Esta crucial falta de información es todo un símbolo de la proclamada transparencia del pacto PP-CiU. Pero, afortunadamente, hay información "extrapresupuestaria", que podemos obtener de la atenta lectura de los anuncios que el PP publica en la prensa de Andalucía.

Según esta publicidad pagada, con el nuevo sistema Andalucía recibiría 470.000 millones adicionales, que los andaluces corren el riesgo de perder porque el señor Chaves subordina sus intereses a las órdenes de Ferraz. Desde luego, si esta cifra fuera cierta, haría bien Chaves, como dirigente andaluz, en aceptar el trato que le proponen. Pero como socialista, preocupado por los equilibrios del Estado, debería inquietarse por el coste del invento, que si es el que le dicen, ni está reflejado en el Presupuesto, ni cabe en el camino de Maastricht.

Si para Andalucía, que es el 30% de la financiación autonómica, el nuevo sistema implica 470.000 millones adicionales, y hacemos caso al cómputo de "los dividendos" (sic) que el señor Pujol atribuye a sus pactos, y a las fastuosas cifras, siempre mayores que las del vecino, el coste del nuevo sistema de financiación debe ser superior al billón. Y como esta cifra es imposible de financiar, alguien está, otra vez, engañando a alguien.

Estamos, pues, discutiendo un Presupuesto extrapresupuestario con información y acuerdos extraparlamentarios. Pero más valen anuncios en la prensa que nada. Si alguien quiere conocer la aportación del País Vasco y Navarra a las cargas generales del Estado, encontrará el importe estimado del cupo navarro. Pero es inútil que busque el vasco. El problema no es que sea grande o pequeño , positivo, negativo o nulo. Es que no aparece y no se explica por qué. Quizá porque sea también un concepto "extrapresupuestario". O quizá porque la noche del mismo día en que el Parlamento debatía el Presupuesto, el PP y el PNV llegaban a un acuerdo para modificar el concierto vasco, a pesar del cual, el importe del cupo sigue siendo desconocido para el Parlamento.

La "extrapresupuestación" afecta de forma especialmente grave a la empresa pública. Por ejemplo, es imposible conocer la subvención a Hunosa para cubrir su déficit de explotación. De nuevo, el problema no es que sea mayor o menor de lo necesario, sino que tampoco aparece en el Presupuesto. ¿Será que hemos resuelto el problema de Hunosa y que ya no requiere subvenciones, que, como parte del gasto público que son, deberían figurar?

No, en realidad teníamos un problema y no lo hemos resuelto; simplemente, lo hemos cambiado de sitio. Ahora, los déficit de Hunosa y de otras empresas no rentables se cubren "extrapresupuestariamente" con cargo a las privatizaciones efectuadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y que tampoco pasan por el Presupuesto.

Se evita así que en el Presupuesto aparezcan subvenciones a empresas que cuentan como gasto a efectos de los criterios de convergencia europea, y que tampoco incluya todos los ingresos por privatizaciones, que no computan para calcular el déficit según dichos criterios.

La reducción aparente del déficit es el 30% de la reducción total prevista. Ello implica qué, realmente, no se van a privatizar en 1997 empresas rentables por 450.000 millones, como dice el Presupuesto, sino por más de 800.000.

Tampoco hay forma de encontrar en el Presupuesto el reflejo numérico de algunas de sus proclamadas virtudes. Por ejemplo, la financiación de la sanidad no es sino la plasmación exacta de lo acordado por el Gobierno socialista y las CC AA en el pacto de 1994. ¿A qué se debe que el señor Rato anuncie una notable mejora en la financiación sanitaria y que los negociadores de CiU muestren su satisfacción por los mayores recursos conseguidos para cubrir su déficit sanitario? Debe tratarse de algún procedimiento extrapresupuestario aún no, identificado...

Y así, para eludir problemas y ocultar efectos de los beneficios fiscales concedidos a unos y de los pactos autonómicos con otros, el Presupuesto se deforma hasta situar fuera del debate y el control parlamentario muchas de sus más importantes decisiones, de manera tan ostensible como incompatible con la efectividad de nuestro sistema democrático.

José Borrell es d¡pütado del PSOE.