El Defensor del Pueblo exige a los alcaldes que dejen de perseguir a los mendigos

El Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones contra tres ayuntamientos -Santander, Murcia y Cartagena-, a los que ha instado a que dejen de perseguir a los mendigos. Antonio Rovira -adjunto segundohasta hace tres semanas en que ascendió a número dos de la oficina- decidió actuar contra los alcaldes de estos tres consistorios, todos ellos del PP, tras recibir información sobre detenciones de vagabundos a los que se les requisaba el dinero acogiéndose a viejas ordenanzas municipales. En los escritos, el Defensor del Pueblo pedía la anulación de estas ordenanzas, por inconstitucionales. El Ayuntamiento de Santander ya las ha derogado, mientras que Murcia y Cartagena no han respondido.

Ya en el informe de 1995 el Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, llamaba la atención sobre las prácticas del Ayuntamiento de Santander, que llevaba años deteniendo a los mendigos que pedían por las calles y requisándoles las miserables monedas que habían obtenido con su trabajo.Este ayuntamiento actuaba de acuerdo a sus ordenanzas municipales, que datan de 1900 y dicen textualmente en su artículo 94: "Por respeto a la tranquilidad del vecindario quedan prohibidos en absoluto la mendicidad y la vagancia; y todos los dependientes del ayuntamiento conducirán a la prevención, para llevarlos luego a la Casa de Caridad, al asilo de noche, al Gobierno Civil o a donde proceda, a todas las personas que se encontraran mendigando o vagando por las calles, con excepción de aquellos pobres que tuvieran para pedir permiso escrito de la alcaldía".

El caso de Santander es uno más de los detectados en decenas de ayuntamientos españoles que han iniciado auténticas cruzadas contra los mendigos, ante el aumento de los vagabundos que piden o venden en las calles. Antonio Rovira fue recopilando las denuncias llegadas a la oficina del Defensor del Pueblo, así como las noticias aparecidas en los medios de comunicación y decidió actuar contra los tres citados.

Requisar el dinero

Según la documentación que obra en la oficina del Defensor del Pueblo, los citados ayuntamientos, con objeto de erradicar la mendicidad de su término municipal, ordenaban a policías municipales levantar acta de aquellas personas que ejercían en las calles, requisándoles el dinero que portaban y conduciéndoles a las comisarías. Estas medidas se adoptaban en base a las ordenanzas municipales correspondientes.

Constan en la citada oficina cientos de actas de este tipo, que incluyen recibos de haber requisado diversas cantidades de dinero, que van desde 15.000 a 75 pesetas. Según los ayuntamientos, este dinero se enviaba a centros benéficos.

Ante estos antecedentes, el actual adjunto primero al Defensor del Pueblo, Antonio Rovira, dirigió un escrito a los citados ayuntamientos, en el que se señalaba que estas prácticas carecían de la "necesaria cobertura legal" e incluso que estaban "enfrentadas al ordenamiento constitucional". Los escritos comparaban las viejas ordenanzas a la antigua Ley de Vagos y Maleantes, derogada por el Código Penal, y pedían que "a la mayor brevedad posible se proceda a modificar las vigentes ordenanzas municipales". Hasta la fecha, tan sólo el Ayuntamiento de Santander las ha derogado.

Fuentes de la citada oficina han señalado a EL PAÍS que piensan continuar con esta política de denuncia de estas prácticas Ilegales, "mediante las cuales se sancionaba a una persona mayor de edad por el solo hecho de pedir dinero sin transgredir otras normas". Según las citadas fuentes, estas actuaciones son "contrarias a los principios constitucionales".

Respecto a otros casos registrados en los últimos meses de ayuntamientos que perseguían a los mendigos, las citadas fuentes señalaron: "No se pueden documentar todos ellos, por lo que hemos optado por actuar contra estos tres de forma ejemplarizante".

Uno de los casos más llamativos es el del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que decidió el pasado verano exportar a los mendigos que encontraba por la calle, a los que compraba un billete de avión y enviaba al lugar de la península que ellos eligieran. Por el módico precio de 20.000 pesetas -lo que cuesta un vuelo de Hispanair- se deshacía del problema. Este caso está en manos del Diputado del Común, defensor del pueblo de Canarias.