El hombre que reclamo sus propios genes

John Moore, un ciudadano estadounidense, ha alcanzado la inmortalidad. No se trata de que disfrute de una longevidad a toda prueba; ni siquiera de que se haya vuelto invulnerable al envejecimiento. No. Lo que se ha inmortalizado es un linaje celular originario del bazo de Moore, que le fuera extraído en 1978, y cuyas células han sido cultivadas y patentadas por su médico, estando hoy a disposición de quien quiera pagar por ellas.¿Qué valor pueden tener dichas células? Muy alto, habida cuenta que Moore padecía una rara forma de leucemia causada por un exceso extraordinario de proteínas -interferón e interluquin- secretadas por su bazo. De ahí la relevancia de los genes del órgano para la investigación; tanta que el laboratorio suizo Sandoz ha desarrollado un medicamento a partir de las células patentadas por su médico.

Moore reclamó los derechos de propiedad correspondientes. La Corte Suprema de California le dio la razón sobre la base de que su médico no le había advertido de las posibles derivaciones económicas de sus genes; fijando con ello el criterio, al menos en ese Estado, de condicionar la explotación del material genético al consentimiento del individuo. Semejante pauta constituye la excepción y no la regla. En la práctica, cientos de muestras de sangre de individuos de las más variadas etnias son extraídas sin contrapartida en los eventuales beneficios derivados de la patente del material genético obtenido.

Grandes multinacionales

Ello ha dado pie a la acusación lanzada contra científicos y multinacionales del Norte de practicar un nuevo "expolio" del Tercer Mundo, formulada por ONG y países en, desarrollo. "El sistema de patentes de los productos de la biotecnología beneficia sólo a la industria representada por las grandes multinacionales, siendo sumamente injusto para los países del Tercer Mundo, poseedores de la mayor parte de la riqueza genética mundial", señalan fuentes de Adena-WWF.

La propuesta de Directiva comunitaria en trámite nada dice de este punto, quedando la obtención de la materia viva humana librada a la buena voluntad de las empresas y a la capacidad negociadora de los poseedores de los genes.

Una vía de solventar la cuestión la sugiere el Convenio de Biodiversidad firmado en la Cumbre de Río, donde se consagra el derecho de los países en desarrollo a una compensación por el usufructo de sus recursos genéticos; la UE ha suscrito ese tratado. La Directiva comunitaria en discusión le ofrece una buena ocasión para honrarlo.