La congelación salarial de los funcionarios provoca los primeros enfrentamientos en el debate sobre Presupuestos

El inicio del debate sobre los Presupuestos Generales del Estado en el pleno del Congreso, que se prolongará hasta el jueves, transcurrió ayer con relativa tranquilidad y sólo se enturbió al abordar la congelación salarial de los funcionarios, momento en que el tono bronco del diputado socialista Jesús Caldera encrespó a los parlamentarios populares.Con escasa presencia de diputados, a las cuatro de la tarde se inició el debate, enmienda por enmienda, al articulado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la de acompañamiento y, por si algo faltaba, las otras tres que el Gobierno ha situado en esta ocasión en el mismo trámite.

Fernando Gimeno, en nombre del Grupo Socialista reprochó a los populares que durante el largo trámite de debate en comisión hayan aceptado "dos enmiendas y media" de manera que ni siquiera, dijo, "han intentado aproximar posiciones".

Joan Saura, en nombre de Izquierda Unida, utilizó los términos "confusión y parcheo" para referirse con insistencia a la "ley invisible" por la que se dispone de 140.000 millones de pesetas que no aparecen en los presupuestos, que favorecen las pretensiones de CiU.

Rafael Cámara, en nombre del PP, provocó la intervención del Presidente del Congreso, Federico Trillo, al hablar de "latrocinio presupuestario" cuando replicó a Gimeno. Trillo pidió al diputado popular que retirase la expresión.

La congelación salarial llevó a la tribuna al secretario general del grupo parlamentario socialista Jesús Caldera que acusó al PP de incoherencia y les espetó que su posición es "un engaño más en su hoja de servicios" y que el anuncio electoral de aumentar la retribución de quienes cumplen el servicio militar obligatorio no era sino una muestra más de la "subasta de despropósitos de su programa electoral". En tono firme y ponderado, la diputada del PP Mercedes Fernández le reprochó el carácter mitinero de su intervención.

Francesc Oms, portavoz de CiU, logró que se aprobase una enmienda transaccional de cierto calado. Los presupuestos fijaban en un 25% el tope de las plazas de funcionarios vacantes que podrían cubrirse en 1997. CiU propuso y el PP aceptó que queden fuera de ese tope las plantillas de las policías autonómicas y las necesarias para cumplir las previsiones educativas de la LOGSE.