Piqué retrasa tres años, hasta el 2005, el cierre de Hunosa

En menos de una semana el se ha pasado de cerrar Hunosa en el 2006 al 2005 pasando por el 2002. Casi un viaje de ida y vuelta en el que se ha ganado un año por el camino. El documento entregado anteayer por el ministro de Industria, Josep Piqué, a los sindicatos mineros asturianos prevé una reducción gradual de las ayudas al carbón del 12,5% anual acumulativo hasta su extinción en el año 2005, pero plantea un tratamiento diferenciado para las tres empresas mineras asturianas que reciben ayudas directas del Estado mediante contrato-programa (las compañías estatales Hunosa y Minas de Figaredo, y la privada La Camocha) en razón de su volumen e impacto social.Como contrapartida a la reducción de ayudas, el Ministerio de Industria cuantifica en 389.000 millones de pesetas los fondos que la Administración está dispuesta a invertir entre los años 1997 y 2001 en las cuencas mineras españolas para compensar la reducción de actividad del sector carbonero. Piqué también les ofreció a los sindicatos ampliar el espectro de trabajadores que podría acogerse a la prejubilación, rebajando en tres años la edad mínima para poder acogerse a esas medidas.

Los sindicatos mineros asturianos SOMA-FIA-UGT y CCOO consideran que la propuesta ministerial "permite abrir la negociación y evitar entrar en una confrontación directa, como sí hubiera ocurrido de persistir el planteamiento liquidacionista". Sin embargo, la manifestación anunciada para el próximo miércoles, día 13, en Asturias, en contra de un eventual e hipotético cierre de Hunosa en el 2002, se mantiene en principio, dado que su convocatoria es una iniciativa de la estructura territorial de los sindicatos, adoptada al margen de las organizaciones de sector minero.

Los sindicatos mineros consideran que la reducción gradual hasta su eliminación en ocho años de las ayudas al carbón afectará a las 4.000 pesetas que las empresas mineras reciben por tonelada de carbón con cargo a la tarifa eléctrica, y cuya extinción es condición para la liberalización del sector.

Piqué se comprometió asimismo a que el Gobierno español haga causa común con el alemán para que en el seno de la Unión Europea se negocie un nuevo marco de autorización de ayudas al sector carbonero que entraría en vigor una vez que venza en el año 2002 el actual tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).

El Gobierno se compromete a destinar 300.000 millones (a razón de 100.000 millones anuales entre 1997 y 1999) para el desarrollo de infraestructuras y equipamientos en las cuencas mineras españolas; otros 10.000 millones entre los años 1997 y 2000 para becar estudios y formación profesional a mineros e hijos; y otros 10.000 millones anuales para apoyar nuevas iniciativas empresariales.