El Gobierno de Chaves considera el concierto vasco un nuevo agravio contra Andalucía

El acuerdo alcanzado la madrugada del miércoles entre el Gobierno del PP y el Ejecutivo de Vitoria para la renovación del concierto vasco cosechó ayer abundantes y rotundas descalificaciones. Mientras el PSOE lo califica de "agravio para Andalucía" y "discriminación para el resto de España", IU lo considera un "chantaje para comprar apoyos". Incluso comunidades limítrofes con Euskadi gobernadas por el PP, como Cantabria, La Rioja y Castilla-León, expresaron sus reticencias cuando no su rechazo a la retirada de los recursos del Gobierno contra e impuesto vasco de sociedades.

El ex ministro socialista Juan Manuel Eguiagaray preguntará en la sesión de control parlamentario del miércoles a José María Aznar por las consecuencias del acuerdo, que previsiblemente será aprobado por el Gobierno antes de final de año y por las Cortes en febrero de 1997.La Junta andaluza critica especialmente la cesión de los impuestos especiales sobré hidrocarburos, tabacos y alcohol. La consejera de Economía, Magdalena Álvarez, calificó el concierto de "nuevo movimiento errático del Gobierno, otro vaivén político que introduce más desconcierto". "Lo que nosotros propusimos para todas las comunidades nos lo negaron para dárselo ahora sólo a los vascos. Que nos expliquen los motivos por los que no nos han cedido los impuestos especiales a los andaluces. Lo que les ha faltado decir es que era imposible cederlos a Andalucía porque es una comunidad de segunda categoría".

La Junta cree que el Estatuto de Gernika prohibe expresamente ceder los impuestos especiales que "en el momento de la firma o la aprobación del Estatuto" estuvieran gestionados bajo el régimen de monopolio. La Junta se plantea impugnar la cesión si no se realiza previamente una modificación del Estatuto vasco.

En el ámbito municipal, socialistas e Izquierda Unida coincidieron, aunque con matices, en su critica al pacto. Joaquín Almunia, portavoz del Grupo Socialista, y Txiki Benegas, secretario de relaciones políticas e institucionales, consideran que el Parlamento fue "burlado", ya que, mientras que en el pleno del Congreso se hablaba anteanoche de financiación autonómica, el Gobierno pactaba con el PNV un modelo distinto. Ambos dirigentes reconocieron, no obstante, que las peticiones del PNV son "legítimas" y "benefician al País Vasco".

Izquierda Unida, por medio del diputado Pedro Antonio Ríos, no se anduvo con contemplaciones: "El acuerdo es fruto de una relación bilateral para

comprar apoyos". A su juicio, si se confirma que el Gobierno central retira los recursos contra el impuesto de sociedades que rige en Euskadi, se confirmaría "que todo es fruto de un chantaje y no debiera sentarse el precedente de utilizar los recursos para mercadeos".

El acuerdo Gobierno-PNV provocó inquietud entre las comunidades limítrofes con Euskadi, en particular por la previsible retirada de los tres recursos del Gobierno central ante el Tribunal Superior del País Vasco contra la reducción del impuesto de sociedades (del 35% al 32,5%,

además de la implantación de nuevas deducciones), lo que ya ha empezado a provocar la deslocalización de empresas hacia Euskadi.

El consejero cántabro de Economía y Hacienda, Rafael Gutiérrez (PP), anunció que mantendrá hasta el final los tres recursos contencioso-administrativos planteados por esta comunidad ante el Tribunal Superior vasco contra las normas del Impuesto de Sociedades, informa Jesús Delgado. Esta iniciativa se mantendrá hasta llevar el caso al Supremo, si fuera necesario.

El portavoz del Ejecutivo de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, afirmó que, si el Gobierno central retira los recursos, el de Juan José Lucas (PP) no los presentará. Pero añadió: "Manifestaremos nuestro desacuerdo". No obstante, recordó: "Los efectos de la sentencias que consigan las dos comunidades que mantienen los recursos [Cantabria y La Rioja] serán para todos y nos beneficiarán a nosotros también".

El consejero de Hacienda de La Rioja, Félix Revuelta, declaró que su Gobierno no retirará los recursos contra las vacaciones fiscales vascas [exención temporal] mientras se mantengan las actuales circunstancias, informa Ignacio Martínez. "La Rioja sólo persigue que existe una homogeneización fiscal en todo el territorio nacional", añadió.