¿Quién manda en la Universidad?

Cuando Francisco Bustelo era rector de la Complutense de Madrid (entre 1981 y 1984, elegido por sufragio universal directo antes de la Ley de Reforma Universitaria), se celebraron en el paraninfo universitario las Primeras Jornadas sobre las Fuerzas Armadas. Eran momentos de aproximación y reconciliación social y, en el acto de presentación, Bustelo se aprestó a cederle el sillón presidencial al por entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart. El político no aceptó el puesto por respeto al protocolo del campus y a los valores culturales y académicos que representa la Universidad.El año pasado, Gustavo Villapalos, que había sido rector de la Complutense, acudió al acto de apertura de curso de esta Universidad en calidad de consejero de Educación. Se sentó en el sillón presidencial mientras sonaba una música introductoria y, acto seguido, se levantó y cedió el asiento al rector en funciones Arturo Romero. Villapalos quiso aclarar la cuestión y dijo públicamente que, exceptuando el caso del Rey, la presidencia de estos actos nunca se debe dejar a un poder político porque nunca un rector tiene que doblegarse a un poder político. Arturo Romero contestó: "Como bien sabe el consejero, este rector en funciones nunca se ha doblegado a los políticos anteriores ni se doblegará a los que vengan".

Todos a una como en Fuenteovejuna, los rectores se han solidarizdo con su compañero de Alicante ante el conflicto por la creación de una nueva Universidad en Elche, postura que ha apoyado la Conferencia de Rectores Europea (CRE): lo primero, la autonomía universitaria.

Libertad de creación

La polémica sobre la apertura de nuevas universidades quedaría saldada si sólo se tuviera en cuenta un segmento de la letra de la Ley de Reforma Universitaria (LRU). Su artículo 5º dice bien claro que es la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma la que lleva a cabo esta creación. Pero la misma ley, en su artículo 53.2, refleja cómo las universidades "asumirán la titularidad de los bienes estatales de dominio público que se encuentren afectos al cumplimiento de sus funciones". Y los planes del Gobierno de Zaplana cuentan con disponer para la nueva universidad de centros que ya pertenecen a la que preside Pedreño.El precedente de Canarias a principios de los años noventa no arroja mucha luz al caso de Alicante. El Tribunal Constitucional falló a favor de la nueva Universidad de Las Palmas en el sentido de que los estudios que se impartían en esta ciudad, dependientes hasta entonces de la única universidad existente en Canarias, la de La Laguna, pasaran a ser de la nueva Universidad de Las Palmas, pero el Tribunal no se pronunció sobre centros en el propio campus.

"Es la primera vez que el problema se plantea de una manera frontal", precisa Manuel Gala, rector de la Universidad de Alcalá de Henares. "Nunca antes se había pretendido que una nueva universidad entre en el mundo autonómico utilizando los centros de otra. Todo esto tiene otro trasfondo político. Hay que ver si esta política de creación de universidades responde a las necesidades de demanda de un pueblo o a las políticas locales o regionales", añade Gala. El rector de la Carlos III de Madrid fue aún más lejos la semana pasada cuando afirmó que no sería descabellado presentar un recurso de inconstitucionalidad si prosperan los planes de Zaplana.

Intereses políticos y académicos se confunden. Intereses que, por otra parte, "no siempre respetan los fines sociales para los que son creadas las universidades", afirma el profesor de sociología de la Complutense, Fernando Álvarez Uría. "Los poderes políticos siempre han intentado controlar la Universidad". "La lucha por la autonomía es un problema viejo", añade Santiago Garma, de Ciencias Empresariales de la Complutense. La primera vez que surge en España por decreto esta condición de las universidades fue en 1919, con el ministro de Educación César Silió. Desde entonces, el que hacer autónomo universitario ha sufrido un proceso guadiana de aprobación y suspensión de su personalidad jurídica.

Cuando en 1983 vio la luz la Ley de Reforma Universitaria (LRU) diversos sectores de la comunidad académica pusieron en tela de juicio que esta norma llegara a conducir a una auténtica autonomía. Por aquel entonces los campus se conviritieron en un hervidero de opiniones en el que se oyeron comentarios tales como "hasta el nombre se ha cambiado, le han quitado la palabra 'autonomía"', haciendo referencia a la LAU, Ley de Autonomía Universitaria, un texto que nunca llegó a alcanzar el consenso con el gobierno UCD.

En el presente, se ha llegado a un estado de convergencia de las autonomías universitaria y territorial y "el problema que surge cuando se deja de pertenecer a todo el Estado es la aparición de intereses caciquiles", denuncia Fernando Álvarez Uría. El organismo que estaría llamado a mediar en los conflictos sería el Consejo de Universidades (CU) pero "tiene un sistema de coordinación obsoleto", afirma Vicente Ortega, director general de Universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid. El reglamento del CU fue diseñado cuando sólo estaban transferidas las universidades de las comunidades históricas. Es un órgano consultivo en el que operan dos comisiones, la académica (rectores) y la de coordinación donde están presentes los consejeros políticos. "Ahora", añade Ortega, "ya no está tan clara la función de cada comisión y, a veces, surgen fricciones. Haría falta actualizar el reglamento".

En el caso concreto de la posible creación de una segunda universidad en Alicante, la comisión académica dijo "no", porque no acepta la segregación de centros, y la de coordinación y planificación dijo "sí". "En casos como éste sería necesario que la cuestión vuelva al pleno del CU para alcanzar un mayor consenso", afirmó ayer a la salida de un encuentro con la ministra de Educación Carles Solá i Ferrando, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Autónoma de Barcelona. Según los rectores, la ministra, que preside el pleno del CU, mediará.

Reinos de taifas

Al penetrar en el autogobierno de las universidades, la sonda se topa con algunos de los efectos perversos que han llegado a definirlas como lugares donde crecen los reinos de taifas y se potencia el antiguo vicio del padrinazgo. "Si hay un conflicto local en una universidad", explica el sociólogo Alvarez Uría, "y hay poderes caciquiles, no hay lugar adónde recurrir y, lo peor, es que éste es el modelo que impera- cada vez más". "Con la autonomía universitaria", añade, "tenemos mayor agilidad interna, más capacidad de decisión y de autoorganización en la práctica. Pero, también, si el rector monta su tinglado o hay conflicto interno no hay muchas posibilidades de apelar".Ávarez Uría es uno de los docentes que suscribieron en enero de 1991 el Manifiesto de los Cien, junto con catedráticos como Fernando Savater, Javier Muguerza o Jesús Ibáñez. El documento arremetía, por primera vez desde que fue aprobada la LRU, contra "los casos escandalosos donde el poder continúa repartido entre clanes y padrinos".

Posteriormente, con el proceso de formación de departamentos y de elaboración de los nuevos planes de estudios, las denuncias giraron siempre en torno a que los intereses de los profesores por mantener su pequeña parcela pasaban por delante de su responsabilidad social y de los contenidos necesarios para actualizar las materias.

La dependencia de la Autonomía local en materia de financiación y el hecho de que el personal universitario sean funcionarios son otros dos aspectos que juzgan los universitarios como obstáculos a su autonomía, aunque no olvidan que los únicos órganos que pueden ejercer como control social, los consejos sociales, tienen serias dificultades para operar por falta de medios.