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Los representantes de las farmacias presionaron al Gobierno para que éste recuriera la ley extremeña

Vicente G. Olaya

El Gobierno recurrió la nueva ley de farmacias de la Junta de Extremadura por presiones del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos, según el colegio de Madrid. Según una circular enviada por este colegio a todos sus miembros el pasado día 10, "una de las premisas previas [del Consejo, entidad que agrupa a todos los colegios profesionales españoles] para alcanzar cualquier acuerdo [económico y legislativo] con la Administración era que el Gobierno interpusiera recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Ordenación de Extremadura".La legislación regional a la que se refiere el colegio de Madrid, aprobada el pasado 25 de junio por la Asamblea extremeña, obliga a los boticarios a devolver la licencia de apertura que les concede la Junta de Extremadura una vez que el profesional titular de la oficina cumple 70 años. Y es que el Gobierno extremeño considera que una farmacia es una concesión administrativa que revierte a la Administración cuando el titular se jubila o fallece.

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La circular del colegio madrileño termina: "Con fecha 30 de septiembre ha sido notificada a la Corporación [el Consejo General], por parte del ministro de Sanidad, la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada Ley de Extremadura, que presentó el Ministerio de Administraciones Públicas".

Por su parte, en un boletín del Consejo General de Colegios de Farmacia del pasado agosto se calificaba la ley extremeña de "aberración". La Junta de Extremadura "se atribuye la potestad de incautar las farmacias cuando los farmacéuticos cumplen 70 años", se escribió.

Capilla lo niega

Sin embargo, Pedro Capilla, presidente del Consejo, ha desmentido a este periódico que el organismo que preside haya obligado al Gobierno a recurrir la ley de Extremadura, tal y como da a entender la circular del colegio madrileño. "Nosotros sólo se lo pedimos, no lo impusimos. El Consejo considera que la ley extremeña es inconstitucional y así se lo hicimos saber al Gobierno. Nada más. Además, el Gobierno nunca cedería ante semejantes condicionantes a la hora de dialogar. Y se lo digo yo", relata Capilla, "que no me llevo precisamente muy bien con ellos".El presidente de los colegios profesionales de los farmacéuticos afirmó desconocer las razones por las que la circular del colegio de Madrid señala que era "una premisa previa" que el Gobierno recurriese la ley extremeña. "Ni entro ni salgo, pero no es cierto lo que afirma la circular", termina.

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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