La mayoría de los colegios farmacéuticos quiere negociar con Sanidad sus beneficios

Los farmacéuticos siguen sin lograr la unanimidad que les pidió Sanidad para evitar un recorte de sus márgenes comerciales. Ya fuera de plazo, 41 colegios de los 52 aceptaron ayer el pacto con el ministerio. Para tomar medidas se dieron otro plazo hasta el día 24, aunque "no serán contra el ciudadano", aseguraron. La patronal del sector, que agrupa a 13.000 farmacias, puso más en evidencia sus divisiones, desautorizando a sus asociaciones colegiales por su "incapacidad" para llegar a un acuerdo con la Administración y "para representar los intereses de las farmacias".

En lo único que coinciden colegios y empresarios de farmacias es en descalificar el anuncio del decreto que rebaja en dos puntos su margen de beneficio y en pensar que todavía hay tiempo de llegar a un acuerdo. La patronal empresarial asegura que el 90% de los boticarios aceptan la fórmula de aporte de beneficios ligado al crecimiento del gasto que Sanidad había propuesto con anterioridad al decreto de márgenes. Por su parte, el representante del máximo órgano colegial, Pedro Capilla, entiende que "es una obligación del ministerio por cuatro días de retraso atender un pacto que interesa a todos y que es más justo porque no repercute por igual en todas las farmacias". Sanidad no estaba ayer en la tesitura de abandonar el decreto. El ministro José Manuel Romay reiteró a Efe que la rebaja del margen sitúa ese porcentaje a niveles europeos. "Pienso que es una reducción tolerable para el conjunto de los establecimientos", afirmó.

Pacto de crecimiento

De haber llegado a esta situación, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) que agrupa a 13.000 de las 18.500 oficinas farmacéuticas culpa al Consejo General de Colegios, que preside Pedro Capilla. La patronal exige ahora tomar la voz para negociar directamente con la Administración, en la convicción de que hay una alternativa al recorte de márgenes aceptable por ambos, según indicó su presidente Manuel Domínguez Arquís. Se trata del llamado pacto de crecimiento, una fórmula similar ala acordada entre Sanidad y Farmaindustria, e impulsada por el propio ministerio previamente. El pacto de crecimiento consistiría en que aquellas farmacias con ventas superiores a la previsión del IPC -2,6% para 1997- retornaran a la Administración parte de sus beneficios. La patronal asegura que el 90% de los farmacéuticos apoyan ese sistema, y que es absurdo que se renuncie a él "por la negativa de dos o tres colegios provinciales". En Valencia, por ejemplo, donde el colegio provincial rechaza el pacto, la patronal local lo apoya.

Carlos González Bosch, secretario de la FEFE, estima que con este pacto la Seguridad Social ahorraría unos 28.000 millones anuales -si el consumo de medicamentos solo crece un 10%- El recorte de márgenes supone al Estado un ahorro de 31.000 millones.

El pacto que ayer estaban dispuestos a firmar con Sanidad 41 colegios (tres no asistieron a la reunión, cinco la abandonaron, tres votaron en contra y tres se abstuvieron), preveía retornar al Estado 56.000 millones en dos años si el gasto sube un 12% como hasta ahora.

En la última carta que dirigió Capilla al ministerio el pasado viernes, todavía pedía "incluir modificaciones complementarias en beneficio de ambas partes", motivadas por "nuevos conceptos", incluidos a su vez en la anterior propuesta ministerial, según Capilla. Así dos meses y medio.

En la esperanza de frenar el decreto, los farmacéuticos no quieren hablar aún de medidas de presión. Y si las toman, no serán las de cobrar al usuario. "Desde este Consejo no se van a preconizar medidas drásticas contra el ciudadano", dijo tajante Capilla. Sugirió, eso si, que podrían complicar a la Administración con menos diligencia en la información que suministran sobre consumo y gasto en medicinas.