El caso del tráfico de pornografía infantil por Internet en Vic puede ser archivado

La fiscal y el juez encargados del caso de dos estudiantes de Barcelona, detenidos el pasado día 3 en Vic por traficar desde Internet con pornografía infantil, dijeron ayer que las actuaciones judiciales podrían ser archivadas. El caso evidencia no sólo la existencia de redes de este comercio en España, sino que plantea la polémica de sí hay un vacío legal que impide perseguirlo con eficacia. Por un lado, Internet carece, por su peculiar concepción, de cualquier tipo de limitación; por otro, sólo es delito producir pornografía infantil y difundirla entre menores, pero no entre adultos.

Aunque el alijo de Víc, según la Policía, sea el mayor incautado en Europa -4.000 documentos informátícos-, los detenidos -David J.S., de 21 años, y Eduardo A. S., de 20- fueron puestos en libertad a los tres días."Ni los fiscales pedimos penas ni los jueces imponen condenas en base a conductas reprobables moralmente", afirmó ayer de una forma taxativa Ana Magaldi, la fiscal que debe decidir si acusa o no a los dos estudiantes. Tanto la fiscal como el juez, Josep Majó, coincidieron en que lo que es perseguible penalmente es la producción, y por tanto sólo se puede imputar a quienes produzcan las películas pornográficas de los niños o bien a quienes distribuyan ese material entre menores. Pero no a los adultos que utilizan o disponen de él. Por ello, ambos señalaron ayer que, con toda probabilidad, el caso acabará siendo archivado.

Para el fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña, José María Mena, el Código Penal no contempla concretamente la pomografía infantil. La única posibilidad de regulación depende, según él, de que se aborde en la futura Ley del Menor. Mena dijo que hará "todo lo posible" para que la distribución e intercambio por Internet de pornografía infantil "no queden impunes".

El Código Penal aprobado en la primavera pasada establece en el artículo 186 que quien "por cualquier medio directo, difundiere, vendiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o deficientes mentales, será castígado con la pena de multa de tres a diez meses". "Lo que es criticable es que al legislador no se le ocurriera sancionar la pornografía infantil. Por eso, nos ponen las cosas bastante difíciles", añadió Mena. La consejera de Justicia de la Generalitat, Núria de Gispert, anunció que pedirá a CiU instar la reforma de ese artículo 186 del Código Penal.

Operación policial

Ayer, el juez precisó que la policía pidió autorización para hacer la entrega controlada de un paquete con pornografía infantil a uno de los dos jóvenes y, luego, el registro de los domicilios al sospechar que podían ser responsables de la organización. Creían que formaban parte de la red de distribución o de la captación de menores para filmar las películas. El resultado fue negatívo. "Lo único que tenemos son los discos informáticos intervenidos a los dos estudiantes y no hay indicios de nada más", precisó el juez. La fiscal añadió que tampoco hay evidencia de que los jóvenes hubieran exhibido la imágenes "entre menores". "En esas condiciones no se puede mantener acusación alguna y mucho menos hablar de una organización", subrayó la fiscal.El juez declaró que ha encargado a la policía el análisis del material intervenido por si la investigación pudiera arrojar luz sobre quienes son los responsables de la captación de los menores de las películas. Pero el mismo juez apuntó que es muy difícil.

Lo ocurrido en Barcelona tiene un antecedente en Sevilla, hace un mes. Fuentes de la investigación comentaron que la policía de Sevilla tiene bajo control al responsable de la distribución de material informático con pornografía infantil. Pero los investigadores poco pueden hacer si no hay pruebas de que el sospechoso ha exhibido ese material "entre menores".

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, pidió ayer al fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, investigar las "lagunas de la ley".

Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y líder del Partido Democrático de Nueva Izquierda (PDNI) discrepa de esas "lagunas". López Garrido se mostró ayer partidiario de que los dos estudiantes puedan ser castigados, porque "no hay vacío legal, basta con que fiscales y jueces se lean el Código. En derecho no hay vacíos, sino cosas que el legislador decide no castigar".

La pornografía, cuando queda entre adultos, no es delito en España. "Pero existen dos excepciones", advierte López Garrido. "Una, si la pornografía se difunde a menores; otra, cuando los menores son protagonistas. Me parece que el caso de Vic es perseguible porque, según el artículo 189, la persona que utilizare a un menor de 18 años con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos será castigados con la pena de prisión de uno a tres años. Según el artículo 301/ 1, si existen escenas de violaciones o de agresión sexual, es material delictivo en origen, incluso antes de difundirse, y aunque proceda de fuera de España".

El senador José Rodríguez de la Borbolla exigió ayer al Gobierno poner "urgentemente" en marcha un plan contra la pornografía y explotación sexual de menores.