Duro golpe de Menem contra el poder económico de los sindicatos argentinos

El distanciamiento entre el presidente argentino, Carlos Menem, peronista, y los sindicatos, principalmente la mayoritaria Confederación General de Trabajadores (CGT), también peronista, se agrava al haber decretado el jefe de Gobierno el fin del control gremial sobre las Obras Sociales Sindicales, que atienden a 11 millones de personas con un presupuesto anual de 2.500 millones de dólares (unos 320.000 millones de pesetas).

Hasta ahora, los trabajadores estaban sujetos al sistema de atención social establecido por las centrales y cotizaban para mantener los hospitales médicos o residencias asignadas por su gremio respectivo.

Este esquema, que ha funcionado durante casi 40 años, quedará progresivamente roto desde el primero de enero del año próximo con la medida dispuesta, cuyo efecto político es muy importante al afectar directamente a las finanzas sindicales.

Las relaciones entre Menem y los sindicatos peronistas, cuyo apoyo fue fundamental en la reestructuración del Estado emprendida por el Gobierno a partir de 1991, acusó un pro gresivo empeoramiento al aumentar significativamente los índices de paro, anunciarse la discusión de leyes que abaratarán el despido en las empresas y sumar adeptos aquellos sindicatos, disidentes del peronismo algunos, favorables a una oposición más radical al programa del Ejecutivo.

La salud como negocio

Sometida a una fuerte presión de las bases, la CGT se unió a las protestas: la última fue una huelga general de 36 horas en todo el país, que Menem descalificó en términos que confirmaban la brecha abierta entre el Gobierno y el sindicalismo oficialista, que ha negociado para suavizar la contundencia del golpe contra las obras sociales hasta ahora bajo su control, El secretario general de la peronista CGT, Rodolfo Daer, protestó por la medida gubernamental: "El Gobierno toma la salud como un negocio, uno de tantos que existen en el país".El decreto de desregularización establece que los beneficiarios del sistema de salud puedan elegir la cobertura sanitaria: en una primera etapa, a partir del 31 de marzo, entre las ofrecidas por los sindicatos, y en una segunda, cuyo plazo no ha sido fijado aún, pero probablemente en el segundo semestre de 1997, la libre competencia.

El marco regulatorio deberá ser precisado en el Parlamento, aunque de momento quedó fuera la tesis defendida por algunos miembros del Gabinete en el sentido de que la libertad de afiliación del trabajador a cualquier empresa o seguro de salud sea total y sin plazos.

Dada su complejidad, la modificación de todo el entramado de atención vigente no es fácil: la primera tarea de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), con la colaboración de la Dirección General Impositiva (DGI), será completar un "censo de empleadores" y el padrón de beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud (Anssal).