El Presupuesto cumple lo pactado con el PP, según el partido de Pujol

El pacto con el PP permitió poner en marcha la legislatura, pero no la cierra", explicó ayer el portavoz de CiU en el Congreso, Joaquim Molins. El diputado nacionalista catalán informó al consejo nacional de CDC -el último antes del congreso- de cómo se cumple el pacto con el PP, y el organismo de gobierno de la formación de Jordi Pujol decidió expresar su plena satisfacción por la evolución de los acuerdos.

El presupuesto de 1997, explicó Molins, garantiza un sistema aceptable de financiación de las comunidades autónomas, que en el caso de Cataluña permite garantizar ingresos equivalentes al 94% de los gastos previstos. Asimismo, otorga al Parlamento de Cataluña "soberanía" al permitirle legislar sobre materias fiscales: patrimonios, sucesiones, donaciones y el 30% de la tarifa del IRPF. Con ello disminuirá, aunque no se suprimirá, el déficit de la Generalitat. Y todo esto, ajustándose a las exigencias de Maastricht de que el déficit público no supere el 3%.

Estos puntos deberían bastar para explicar la satisfacción de los nacionalistas catalanes ante los resultados de su pacto con el PP, expresados en el Presupuesto del próximo ano, pero aún hay más ventajas. Por ejemplo, "no disminuye el Estado de bienestar", sino que la situación mejora, según CDC, gracias al acuerdo sobre las pensiones al que han llegado Gobierno y sindicatos.

Un acuerdo que permitirá subir las rentas de viudedad y de orfandad. Y más aún, la sanidad sale muy beneficiada. Declaraciones de José Barea al margen, los fondos para la sanidad pública mejoran en un 6%, según el pacto al que ya se llegó en 1993. La Generalitat no consigue unas partidas que deseaba, pero como habrá un ahorro de 70.000 millones, mejorará la asistencia a la población.

Todas estas medidas, unidas a la reciente rebaja de los tipos de interés, repercutirán, siguió Molins, en un crecimiento económico que será la causa directa del aumento del consumo y de la ocupación.

Comisión sobre la 'mili'

Los pactos se cumplen también en otros ámbitos. Así, prosigue la política de privatizaciones, avanza la LOFAGE (Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado), con el compromiso de admitir las enmiendas de CiU sobre la reducción del papel de los actuales gobernadores civiles, y se dibujan para el futuro acuerdos sobre el Inem, el orden público y el tráfico.Paralelamente, y también en función de los pactos de legislatura, se ha constituido una comisión mixta Congreso-Senado en la que habrá tres representantes de CiU. La función de esta comisión será elaborar antes del verano un informe que permita efectuar una propuesta, adecuada a las necesidades presupuestarias, para suprimir el servicio militar obligatorio antes del año 2000.