Victoria Camps: "El plan audiovisual del Gobierno no tiene nada que ver con lo que hicimos en el Senado"
Victoria Camps, ex senadora socialista y presidenta de la Comisión de Contenidos Televisivos del Senado durante la anterior legislatura, criticó ayer el llamado Proyecto de ley de garantías del derecho del ciudadano a recibir información veraz. El documento sobre el que ha trabajado la secretaría de Estado de Comunicación "no tiene nada que ver con lo que propusimos en el Senado. Lo que quiere regular es la información. Sin embargo, ésta no es la parte más importante de las televisiones", afirmó.De los debates en la Cámara Alta se derivó una conclusión distinta: que no hacía falta aumentar la regulación de los contenidos televisivos, al tiempo que se insistía en la línea de convencer a los medios de comunicación para que se doten de códigos éticos con voluntad de aplicarlos.
Según la ex senadora, la legislación existente -Estatuto de RTVE, Ley de Televisiones Privadas, Ley del Tercer Canal, Ley General de Publicidad y la directiva comunitaria sobre Televisión sin Fronteras- establece principios generales que son suficientes. A este catálogo de normativas se unió el código suscrito entre todas las televisiones y el Ministerio de Educación para la defensa del menor.
"Hay que apelar a la responsabilidad de los medios y no tenerlos atados por una ley. Si este código no se cumple, ¿qué puede decir una ley?", se preguntó Camps.
También advirtió sobre "la contradicción" de un liberalismo de derechas, que quiere respetar las libertades y no confía en una autoridad independiente. "Se interfiere regulando algo que no es regulable. No se puede especificar en una norma qué tipo de información es o no veraz o qué tipo de imagen es o no vejatoría", recalcó.
Durante la jornada de ayer continuaron las reacciones a los datos conocidos sobre el plan gubernativo sobre control de ciertos contenidos televisivos. La entidad SOS Familia, vinculada a la asociación Tradición, Familia, Propiedad (TPF-Covadonga) aplaudió "la iniciativa del Gobierno de controlar los contenidos televisivos".
