La Moncloa discute con asesores privados formas de control de los medios audiovisuales

El secretario de Estado para la Comunicación, Miguel Angel Rodríguez, se ha rodeado de un grupo de asesores privados con los que lleva tres meses discutiendo una regulación de "la información y programación audiovisual difundida por cualquier medio", según el texto de ese proyecto que fue conocido ayer. Entre los asesores utilizados, que no están contratados por la Administración, ni han recibido nombramiento alguno, se encuentran Mauricio Casals, un hombre del diario Abc, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, Javier Fernández del Moral, ex miembro de la Asociación de Periodistas Independientes (AEPI), autor de una crítica muy dura al proyecto gubernativo.

Otros asesores son un ex directivo de RTVE, Eduardo García Matilla, que ha trabajado para el PP en otras ocasiones; y dos consultores de Price Waterhouse, Fernando Pardo y Juan Vallejo.El punto de partida del trabajo ha sido el documento sobre contenidos televisivos que preparó el Senado durante la legislatura anterior, a través de sesiones públicas presididas por Victoria Camps. Desde el cambio del Gobierno, las tareas han sido reconducidas al ámbito reservado de La Moncloa.

El 3 de julio comenzó a reunirse Rodríguez con los asesores. El acta levantada de esa sesión refleja la insistencia en no emplear la palabra "contenidos" para denominar la ley, ya que ese término "se suele asociar a censura". Y se fijan una serie de palabras clave a utilizar: "Moral pública, defensa de la integridad (no discriminación por raza, sexo, religión), libertad del consumidor, protección de los niños". "Queda en duda" si la radio debe quedar afectada o no por la regulación en ciernes, mientras que "cine, publicidad, prensa y producción audiovisual se excluyen", dice el acta.

En la siguiente reunión -17 de julio- Miguel Angel Rodríguez expresó sus dudas sobre el organismo o persona que debe decidir si un determinado contenido atenta a los derechos y libertades. "El grupo [de asesores] considera viable la creación de un Consejo de lo Audiovisual como autoridad independiente. En cualquier caso MAR mantiene sus dudas", se lee en el acta. MAR está identificado en el encabezamiento como "Miguel Ángel Rodríguez".

MAR, pide también "que se concrete de forma más o menos tajante aquellos contenidos que claramente no podrán difundirse". A esta sesión no asistió García Matilla y se incorporó Juan Vallejo.

A la altura del 31 de julio ya se habían producido consultas a especialistas en Derecho Constitucional y Administrativo,, quienes advirtieron a los expertos y a la secretaría de Estado del jardín en que se estaban metiendo. "Nos reconocen la complejidad del asunto que pretendemos regular y nos indican que además, dado el objeto de la ley que se pretende aprobar, ésta debería aprobarse como ley orgánica" se lee en el texto denominado "consideraciones previas al documento nº 3".

Según fuentes de la Moncloa, en reuniones posteriores han sido eliminadas del texto algunas de las más divertidas disposiciones que contenía, como la atribución al Gobierno de la capacidad de decidir cuales son los asuntos "de interés general" sobre los que ninguna empresa de televisión podrá arrogarse una exclusiva. A título de acontecimientos de interés general se mencionan todos aquellos "en los que participen representantes de la nación, individual o colectivamente, en los campos de la política, la cultura, el deporte, la economía y la práctica judicial y legislativa".

Para la semana próxima hay prevista una nueva reunión del grupo asesor con el secretario de Estado. Parece que a la factoría de ideas de la Moncloa, como empieza a conocerse a la Secretaría de Estado para la Comunicación en medios parlamentarios, se ha sumado recientemente un cargo del Instituto Nacional de Consumo, Oscar López, quien no atendió las llamadas realizadas para verificarlo.

Agua al incendio

Miguel Ángel Rodríguez y sus principales colaboradores dedicaron ayer buena parte de sus energías a reducir el penoso efecto causado por la difusión de un texto que el diario Abc presentó como el "proyecto de ley de garantías del derecho del ciudadano a recibir información veraz", y al que la Moncloa niega el carácter de tal.El propio Rodríguez defendió que "del mismo modo que cuando alguien compra un yogur tiene derecho a ver en la etiqueta de qué está hecho, el consumidor de televisión tiene derecho a algo similar. Las películas que incluyen escenas de violencia gratuita deben ir precedidas de una advertencia al espectador y no que te encuentres por sorpresa, cuando ya estás delante del televisor, que a un señor le están sacando la dentadura a patadas. Ésa es la reflexión que he abierto y que quería haber continuado reservadamente, hasta llegar a alguna conclusión".

Las aportaciones han sido recogidas en un documento que, según comentó Rodríguez a este periódico, no tiene ningún otro valor que el de contener en bruto ciertas consideraciones. "Yo sé que es muy complicado plasmar en una ley unos criterios de defensa de los derechos fundamentales en los medios audiovisuales. Por eso estaba en la fase de reflexión, sin haberla terminado siquiera. Estábamos a un tercio del final de la película, y con esta filtración hasta eso se ha viciado", se lamentó. "Pero yo voy a seguir adelante", añadió.