A la vieja usanza

¿HABRÁ QUE censurar las escenas de Casablanca en las que Humphrey Bogart aparece fumando, dados los comprobados efectos perjudiciales del tabaco? Las frases de doble sentido de Ingrid Bergman ¿se considerarán obscenas? ¿Será publicidad política subliminal que el jefe de policía tire a la papelera una botella de Vichy en la última secuencia? Todo sería posible si el Gobierno decidiera llevar adelante el borrador de ley sobre medios audiovisuales cuyo contenido se conoció ayer. Menos mal que el Secretario de Estado de Comunicación, Miguel Angel Rodríguez, precisó que no pasa de ser un "documento de trabajo". Eso sí, fruto de al menos tres reuniones celebradas en julio por un equipo de cinco personas que presidió el propio Rodríguez. No es, pues, una ocurrencia a vuela pluma.La obsesión de algunos miembros del Gobierno por salvamos de los peligros de la vida moderna ha llevado a los autores del texto a fabricar este artefacto con el que resguardar incluso nuestra salud. Plantea así "la obligatoriedad de no emitir materiales audiovisuales que muestren explícitamente o fomenten comportamientos perjdiciales para la salud". 0 bien: La programación deberá ser especialmente cuidadosa con el uso y abuso de imágenes simuladas, dobles intenciones u otros elementos que ( ... ) puedan distorsionar la percepción de la realidad por parte del espectador".

La primera impresión es que se trata de una mezcla de papilla políticamente correcta con intervencionismo ancien régime. El Gobierno desconfía de los medios y se erige en paladín de los ciudadanos frente a las agresiones audiovisuales. Y lo hace a la vieja usanza: prohibiendo; estableciendo qué cosas se podrán emitir y a qué horas. A veces sustituye el verbo prohibir, tan antipático, por eufemismos como ese de que "será de aplicación la obligatoriedad de no emitir" algo. La futura ley podía haberse llamado de contenidos de los medios audiovisuales, o de regulación d e tales medios, pero alguien ha propuesto que se llame de Garantías del derecho del ciudadano a recibir información. veraz. ¿Quién va a oponerse a principios tan nobles como la protección de la infancia, los derechos de los consumidores, la preservación del medio ambiente? Sólo que todo sirve de envoltorio al una voluntad de intervención y control. Algo que choca con la revolución tecnológica que se invoca -¿pretende el Gobierno poner puertas a los satélites?-, pero, sobre todo, con la Constitución misma.

Esa voluntad de control bordea el ridículo cuando se propone que la ley faculte al Gobierno para elaborar periódicamente, mediante decreto ley, un listado de "acontecimientos de interés general", que no podrán "realizarse con carácter exclusivo". La famosa autonomía de la sociedad civil que iba a traer el PP pasa ahora por recomendaciones como la de fomentar que las empresas de comunicación incluyan en su programación "espacios sobre la forma en que se hace la televisión". Hay incluso un lapsus magnífico cuando se dice que el seguimiento del cumplimiento de la ley lo realizará "el Gobierno a través del Consejo Superior de los Medios Audiovisuales` ' organismo definido como "autoridad independiente" del Gobierno.

Es verdad que el creciente auge de los nuevos medios -incluido Internet- ha provocado inquietudes sobre su posible utilización por grupos terroristas, o por mafias diversas, como la de la pornografía infantil, etcétera. Es una cuestión que preocupa y que nadie ha resuelto todavía de forma satisfactoria. Es verdad también que los contenidos televisivos provocan a veces debates encendidos. Pero el abigarrado catálogo de obsesiones, afanes protectores y actuaciones censoras recogido en este borrador, lejos de resolver tales problemas, ha encendido luces de alarma. Como la reciente ley de secretos oficiales. Menos mal que esta vez se trata sólo de un documento de trabajo.