La cuenta atrás

Una ola de optimismo sacude estos días a Europa. Los inversores y especuladores que operan en los mercados financieros parecen haberse puesto de acuerdo para dar un voto de confianza al proyecto europeo de unión económica y monetaria (UEM). Ello a pesar de que los datos no justifican esta euforia: el crecimiento sigue siendo débil en la mayoría de los Quince, especialmente en los países que deben formar el eje fundamental de esta unión (Alemania y Francia), y la tasa de paro se mantiene en tasas insoportablemente altas -la media europea es del 11%-. Sólo tres de los quince Estados miembros cumplen en la actualidad con los cinco requisitos de convergencia: Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo. Los ajustes fiscales que se avecinan no parecen, además, que vayan a aliviar el anémico crecimiento y el problema del desempleo. Más bien al contrario.Pero la razón detrás de este repentino europtimismo ha sido precisamente la presentación o el anuncio, como en el caso de España y otros Estados miembros, de unos presupuestos particularmente restrictivos para 1997, año sobre cuyos datos se basará el examen de entrada en la unión monetaria. Estos planes han ayudado a dar credibilidad a las reiteradas declaraciones de los líderes políticos europeos a favor de la puesta en marcha de la unión monetaria en la fecha prevista: enero de 1999. No sólo Alemania y sus países satélite (Benelux y Austria) y Francia están comprometidos con este objetivo. En el pelotón de cabeza pretenden estar también España, Portugal y los países nórdicos. Italia, con mayores desequilibrios en sus finanzas públicas, quiere darse un plazo de entrada más amplio para acceder a la unión monetaria, pero ha dejado clara su firme voluntad de participar en la misma. Sólo Grecia, con un déficit público del 9,2% del PIB y una inflación del 8,6%, queda fuera de juego.

Para equilibrar las cuentas públicas sin recurrir a políticas impopulares que desmantelen el Estado de bienestar, la mayoría de los gobiernos de los Quince se apoya en tres ejes de actuación: recorte del gasto público, agresivos planes de privatizaciones y un moderado aumento de los impuestos, medida esta última contraria en el caso de los gobiernos español y francés a las promesas electorales de sus respectivos partidos. Las previsiones de recaudación fiscal pueden además verse comprometidas si la actividad económica no recobra el pulso. El objetivo de todas estas políticas es el mismo: reducir el déficit público al 3% del producto interior bruto (PIB) que exige el Tratado de Maastricht para participar en la moneda única.

Tres cuestiones ensombrecen las perspectivas de éxito de los esfuerzos de saneamiento- fiscal: la contestación social a los ajustes anunciados -sobre todo en el sector público-, las tensiones entre los países que participen en la UEM y los que queden fuera en parte despejada ayer, por el peligro de que estos últimos efectúen devaluaciones competitivas, y, por último, la incógnita de si los miembros que formen parte. de la moneda común serán capaces de mantener sus déficit públicos cómodamente por debajo del 3%. Algo deben de temerse los responsables de los bancos centrales europeos, cuya principal crítica a los ajustes que vienen es que haya sólo tímidas reformas para eliminar la parte estructural de los déficit.

De momento, España está preparando unos presupuestos restrictivos con el fin de cumplir ese objetivo de déficit. El gasto público crecerá del orden del 2% sobre la previsión de liquidación de este año, lo que supone seis décimas por debajo del índice de precios al consumo previsto (2,6%), y la economía crecerá un 3%.