Equilibrio autonómico.

RESULTA SINTOMÁTICO que haya sido el presidente de Castilla y León, Juan José Lucas, hombre muy cercano política y personalmente a José María Aznar, el que haya encarnado la rebelión en las filas de los populares ante el nuevo sistema de financiación autonómica. La imagen que evoca el Gobierno es la de esos malabaristas que corren desesperadamente de plato en plato antes de que dejen de girar y se descalabren: cuando consigue taponar las vías de agua abiertas en el pacto con los nacionalistas catalanes, se le abren otras nuevas en el País Vasco, en el campo sindical o en sus propias filas. Pero tal vez haya una explicación funcional de la disidencia controlada de Lucas: a lo mejor se trata de que el presidente castellano-leonés expresa lo que Aznar no puede decir en voz alta para no disgustar a Pujol. Este, a su vez, quiere que sea el Gobierno, y no CiU, el que asuma, en nombre de los intereses generales, el nuevo sistema de financiación.El lunes se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera -que agrupa a Gobierno y comunidades autónomas- con el ánimo gubernamental de cerrar el acuerdo de financiación autonómica para los próximos cinco años. El principal problema es la resistencia de las comunidades pobres a aceptar un sistema del que sospechan que puede perjudicarles en la misma medida en que vaya a favorecer a las más ricas. Que en esa conclusión coincidan socialistas como Rodríguez Ibarra con conservadores como Fraga indica que es algo más que un prejuicio ideológico. Pero esto significa también que las contradicciones afectan a todos los partidos. Los socialistas catalanes, por ejemplo, apoyan mayoritariamente un sistema que rechazan los socialistas extremeños.

La paulatina introducción del principio de corresponsabilidad fiscal se considera condición previa para una reducción del gasto -y, por tanto, del déficit- de las comunidades, que al final acaba siempre pagando la Hacienda pública. Pero aún se desconoce el coste real del nuevo sistema.

Hasta ahora la responsabilidad de los gobernantes de las autonomías se centraba, en el gasto, pero no en los ingresos, que suele tener un coste político. Tal sistema no es democráticamente sostenible. Parece razonable avanzar en esa corresponsabilidad fiscal. La cesión del 30% del impuesto sobre la renta de las personas fíicas (IRPF), con una limitada posibilidad de aumentar o reducir el impuesto en cada comunidad, se sitúa en la línea iniciada en 1993 orientada a combinar la suficiencia financiera de las comunidades con un atisbo de responsabilidad en la recaudación.

Ahora bien, resultan perfectamente comprensibles los temores de las comunidades más rezagadas, y razonables algunas de las condiciones planteadas por Lucas, como unos mecanismos compensatorios suficientes y automáticos desde el año próximo para quienes recauden por debajo e la media, la descongelación del Fondo de Compensación Interterritorial y la puesta en pie -pendiente desde 1980- del fondo de nivelación de servicios. La protesta de Lucas parece haber dado resultado, pues en todos, estos, frentes empezó a ceder ayer el Gobierno. Los nacionalistas catalanes, por su parte, parecen también tranquilos, pues no se les. limita por arriba en el caso de que recauden más. Cómo se financiará éste sistema de modo que sea compatible con los objetivos de Maastricht es aún un misterio que el Gobierno ha de desvelar. Al menos a corto plazo, costará más. Algunos expertos evaluaban, antes de las concesiones de ayer, el coste suplementario entre 130.000 y 200.000 millones de pesetas al año. No parece que se haya elegido el mejor' momento, ahora que se habla de recortes por doquier.

La aprobación raspada del nuevo sistema de financiación podría constituir una fuente constante de inestabilidad, especialmente si se plantean, como amenaza el PSOE, recursos de inconstitucionalidad. Es deber del Gobierno intentar, si no la unanimidad, sí al menos un apoyo muy amplio de comunidades autónomas y principales partidos. No se entiende por qué el Gobierno, a la vez que negociaba con las comunides autónomas, no ha involucrado más a los partidos políticos-que al final han de ratificarlo- y ha desechado de plano otras sugerencias que se han hecho. En materia tan delicada, la prisa es mala consejera. Pero el lunes o, si es necesario, después debería lograrse un equilibrio satisfactorio entre los principios de corresponsabilidad y de solidaridad.