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Rato dice que la fiscalidad del País Vasco no puede ir en detrimento del resto de España

El ministro de Economía, Rodrigo Rato, advirtió ayer que, "aunque el País Vasco tiene capacidad normativa para legislar sus propios impuestos, ésta no puede suponer una pérdida de presión fiscal respecto del resto de España", aunque expresó su confianza en que en próximas negociaciones se acercarán las posturas. En cualquier caso, Economía aseguró ayer que presentará un recurso parcial contra el Impuesto de Sociedades vigente en Álava antes de fin de mes y completará así las ímpugnaciones presentadas contra Vizcaya y Guipúzcoa. El lehendakari Ardanza volvió a referirse al alejamiento con el PP por los recursos, a pesar de que no incluyen la petición de suspensión cautelar de su aplicación.

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El titular de Economía advirtió ayer, a propósito del recurso presentado por el Gobierno central contra las ventajas fiscales que ofrece el País Vasco, como es la rebaja del tipo del Impuesto sobre Sociedades del 35% al 32,5%, que "la capacidad normativa que tiene el País Vasco para legislar sus propios impuestos no puede suponer una pérdida de presión fiscal respecto del resto de España". Rato, en declaraciones al programa Protagonistas de Onda Cero Radio, aseguró: "Nosotros entendemos que disminuir el Impuesto sobre Sociedades o dar unas deducciones extraordinariamente amplias supone esa pérdida de relación con la presión fiscal en el resto del territorio, y por eso las recurrirnos".Rato expresó su esperanza de que en los próximos meses, cuando se negocie con el Gobierno autónomo la nueva Ley del Cupo del País Vasco y la del Concierto "podamos acercar posiciones que garanticen que el País Vasco tiene capacidad para tomar sus propias decisiones fiscales sin quebrar la homogeneidad fiscal". En las anteriores negociaciones, el PP, apoyó la ley en Guipúzcoa y Alava y puso una salvedad en Vizcaya, pero no en la rebaja al 32,5%.

Economía presentará, antes de finales de este mes, un recurso parcial contra la normativa en Álava, con lo que completará las impugnaciones contra los preceptos tributarios del País Vasco, iniciadas el martes pasado cuando el abogado del Estado presentó recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra normas fiscales de Vizcaya y Guipúzcoa referidas a la reducción del impuesto sobre Sociedades, la Actualización de Balances sin coste fiscal y las vacaciones fiscales para empresas de nueva creación.

Apoyo unánime al recurso

Los expertos hacen notar que en los recursos no se incluye la petición de que se suspendan de forma cautelar la aplicación de las normas fiscales recurridas. La exclusión de esa demanda, incluida sistemáticamente en los recursos del Estado contra las normativas vascas de actualización de balances, incentivos fiscales a la inversión, actos jurídicos documentados y contra la supresión del Impuesto de Sucesiones, entre otros, es interpretada como un gesto que resta agresividad al recurso.

Las comunidades autónomas mostraron ayer una defensa casi unánime de la homogeneidad fiscal. Pedro Sanz, presidente de La Rioja, comunidad que también ha recurrido, como Cantabria, los impuestos vascos, mostró su satisfacción por la decisión del Gobierno aunque esto no resuelve los problemas de La Rioja, porque as medidas vascas siguen en vigor". Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid, apoyó el recurso y matizó que no se opone a las rebajas de impuestos, sino al hechode que algunas autonomías puedan aprobarlas y otras no. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura, bromeó: "Dentro de unos años, muy pocos, en los periódicos españoles se podrán encontrar, junto a los anuncios por palabras de sexo, otros que digan 'Impuesto de Sociedades, rebaja del 10%, domicilie sus pagos en Vizcaya' o 'IRPF, domicilie en Madrid, que el presidente Ruiz-Gallardón va a bajar los impuestos". Juan José Lucas, presidente de Castilla y León, opinó que los recursos "no perjudicarán el pacto de gobernabilidad".

El lehendakari José Antonio Ardanza, volvió a definir con dureza la política del PP. Durante una reunión en la Cámara vasca, Ardanza explicó que los recursos y otras medidas unilaterales "habían sido mal recibidos"; pero además precisó que las relaciones con el partido del Gobierno, fluidas en los primeros meses, han pasado a un estadio de desconocimiento total de lo que pretende ser la política del Gobierno Aznar. Existe "desconcierto en torno al planteamiento que se pretende con los Presupuestos Generales", aseguró. El portavoz del PNV en el Congreso de' los Diputados, Iñaki Anasagasti, se mostró ayer convencido de que "será posible reconducirlo con un esfuerzo adicional y el diálogo entre Arzalluz, Ardanza y el propio Aznar".

Jon Zabalía, uno de los negociadores de los Presupuestos de 1997 por el PNV, señaló que las conversaciones no se han roto. "Estos recursos no favorecen nada las relaciones y nos demuestran que si el Gobierno tiene libertad para actuar, nosotros también". De momento "el vaso" de la paciencia del PNV no está lleno, según Zabalía, aunque "lo del Cesid ha sido una gota gorda y lo de los recursos otra; puede llegar un momento en que se desborde".

El PP en Euskadi se mostró en desacuerdo con los recursos y propuso incluso mediar para que se retiren. "Nosotros ya advertimos", declaró ayer el presidente de la organización en Vizcaya, Leopoldo Barreda, "que había aspectos susceptibles de ser recurridos como la cuestión de las inversiones extranjeras o lo regulado de los centros de coordinación, pero nos reafirmamos en el resto de la reforma del Impuesto de Sociedades". Los máximos responsables del PP vasco expresaron ayer su convencimiento de que el grueso de los recursos será retirado. El diputado guipuzcoano, José Eugenio Azpíroz llegó a proponer "la extensión de la reforma a toda España, porque es beneficiosa".

La virulencia de Ardanza es interpretada en diversos círculos como una cortina para ocultar el conflicto que enfrenta a las diputaciones vascas. Los Ejecutivos forales mantienen un duro pulso por las aportaciones económicas de cada provincia a los presupuestos del Gobierno autonómico.

El Gobierno aprueba hoy la ley de control del gasto

El Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de ley que recoge reformas sobre el control del gasto público y que afecta a la Ley General Presupuestaria, la Ley de Contratos del Estado y la Ley de Expropiaciones Forzosas. El proyecto de ley será remitido por el Gobierno a las Cortes en los próximos días. Rodrigo Rato indicó la semana pasada en el Congreso que dicho texto se tramitará junto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997 y la Ley de Acompañamiento.El texto pretende evitar que se produzcan actuaciones presupuestarias que eleven el gasto sin control alguno, tales como las que, en opinión del Ejecutivo actual, generaron las insuficiencias presupuestarias detectadas por la Intervención General del Estado por importe de 721.000 millones de pesetas. La principal novedad que recoge el articulado del proyecto se refiere a la Ley General Presupuestaria y establece que el Gobierno no podrá rebasar en más del 1% el presupuesto que aprueben las Cortes. Este límite estaba fijado en el 3% desde 1993.

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