Un juez castiga a dos generales por la crisis de los cocaleros

"Si no se acata el fallo, se acaba la justicia", dijo enérgico Alejandro Molina, juez de Albania, pequeña población de la provincia del Caquetá, escenario de fuertes protestas de los campesinos cocaleros, al referirse a una sentencia que ordena a dos generales - el comandante del Ejército Harold Bedoya y el comandante de la Brigada 12 Néstor Rámirez - a retirar los obstáculos puestos por el Ejército en una carretera para impedir el paso de los campesinos hacia Florencia, capital de la provincia.El juez insiste en que los generales han desobedecido el fallo y notificó ayer las sanciones: arresto de un mes y una multa de 20 salarios mínimos (unos 3.000 dólares). Los generales, por su parte, respondieron que apelarán el fallo ante un tribunal superior e insisten en que el juez es "un agente de la narcoguerrilla". Ayer al mediodía fuentes judiciales aseguraban que los generales no tienen escapatoria y tendrán que ir a la cárcel.

No es el único enfrentamiento que se vive hoy entre militares y jueces. Otra sentencia falló en contra de los primeros: la instaurada por las madres de los soldados bachilleres, que sin mayor entrenamiento, fueron enviados a zonas de conflicto. Una juez ordenó su retiro y el regreso a la capital para cumplir con trabajos cívicos hasta terminar con el año de servicio militar obligatorio. La orden no ha sido cumplida por los militares. Este enfrentamiento se presenta cuando la situación en el Caquetá se complica. Los diálogos entre campesinos cocaleros y Gobierno se rompieron. Además continúan las acciones guerrilleras en todo el país.