Ajuste de cuentas

TRAS EL debate entre el ministro de Economía, Rodrigo Rato, y su antecesor en el cargo, Pedro Solbes, sobre el desfase presupuestario que denunció el primero en las cuentas de 1995, tal vez no pueda hablar se de agujero, pero sí de vicios contables. Su resultado ha sido trasladar al presente ejercicio unas obligaciones que endurecen aún más el esfuerzo necesario para reducir el déficit al 3% del PIB a fines de 1997, según exige el Tratado de Maastricht. Este desfase eleva el déficit real de 1995 al 6,6%, frente al 5,9% anunciado en su día. Al margen de discusiones sobre criterios contables, esa diferencia obliga a relativizar los elogios que en su día cosechó Solbes por su rigor en la ejecución presupuestaria. Del debate parlamentario entre ministro y ex ministro se deduce también que no hubo ilegalidades y que es impropio hablar de agujero -palabra que, evoca otro tipo de desajustes, como el detectado en su día en Banesto- y que no se justifica la insistencia de algunos portavoces del PP en presentan el desfase como una especie de fraude de ley por parte del anterior Gobierno. Rato evitó esa expresión, prefiriendo hablar de una "interpretación extensiva" de la ley.Lo, detectado por la Intervención General son partidas efectivamente gastadas en 1995 y no contabilizadas y obligaciones de pago efectivamente contraídas pero ni pagadas ni contabilizadas. Una parte de esas obligaciones corresponde a situaciones como las provocadas por la sequía en el verano de 1995, que obligó -según explicó ayer el ex ministro Borrell- a acometer obras hidráulicas de emergencia. Sin embargo, una política de rigor presupuestario es aquella que compensa emergencias de esa naturaleza estable ciendo recortes en otras partidas. Es decir, mecanismos diferentes al socorrido de trasladar el gasto a ejercicios posteriores. Es cierto que así se ha hecho desde siempre, pero, por una parte, ello ha ocurrido en los últimos 13 años entre. Gobiernos del mismo partido, y, por otra, ahora existe el escrutinio de Bruselas al cumplimiento de los criterios de convergencia, lo que obligaría en principio a extremar el rigor.

En ese sentido puede considerarse lógico que el PP, al acceder al Gobierno se cure en salud intentando aflorar la magnitud real del déficit, como hicieron los socialistas en 1983, y como hizo incluso Solbes en 1993, cargando al ejercicio anterior todas las obligaciones pendientes, a fin de hacer más visible la reducción del déficit a partir de ese año. Pero también tiene lógica la queja de quienes reprochan al Gobierno actual la inoportunidad de suscitar ahora esa cuestión, en perjuicio del crédito de la economía española ante el temible tribunal de los mercados, por una parte, y del de la Unión Europea, de cuyo criterio dependen los fondos de cohesión. Esos fondos están en parte condicionados al cumplimiento de las previsiones de reducción del déficit.

Borrell, cuyo, departamento fue el principio responsable del desfase detectado, acusó ayer al Gobierno del PP de haber magnificado el mismo con la intención de justificar así medidas fiscales impopulares, como la subida de algunos impuestos indirectos. El ex ministro de Obras Públicas insinuó incluso que el informe de la Intervención General no había sido es pontáneo, sino realizado a instancias del Gobierno. Aunque así fuera, ello no anula unas conclusiones que cuestionan el rigor proclamado hace unos meses. En cualquier caso, la enseñanza es que algunos usos contables, en sí mismos legítimos, acaban resultando viciosos si no se establecen límites precisos y, en ese sentido, parece acertada la iniciativa gubernamental de una ley de contratos de las administraciones que, entre otros extremos, obligue a cancelar los anticipos de créditos extraordinarios antes de concluir el ejercicio correspondiente.