Vuelta a la censura

NO HAY Estado sin secretos. Los secretos suelen ser por definición inconfesables, pero a veces esconden además hechos delictivos. Y el conflicto surge cuando llegan a oídos de un juez que instruye un sumario. Éste es el escenario en el que el Gobierno del PP ha elaborado el borrador de Ley de Secretos Oficiales. Visto el texto, parece evidente que era malo el momento elegido -GAL y papeles del Cesid por medio- y, quizá como consecuencia, es malo el borrador. El anteproyecto combina el artículo de actualidad con cuestiones de fondo. En el primer apartado zanja dudas como la planteada por la pretensión de un juez de llamar a declarar a los parlamentarios miembros de, la Comisión de Secretos Oficiales, y precisa taxativamente que no podrán prestar declaráción sobre aquello que conozcan en función de su pertenencia a esa comisión, lo cual parece obvio. Y es verdad que el Gobierno ha actuado conforme a la legalidad vigente al negarse a desclasificar lo que había sido clasificado como secreto por el anterior Ejecutivo; pero para que esa decisión, además de legal y políticamente prudenté, fuera un paso adelante en la consolidación del Estado de derecho, debería completarse con las modificaciones legales necesarias para que conflictos de esa naturaleza tuvieran un cauce institucional de resolución. Nada de ello se ha hecho. Ahí -en el fondo del decreto, y no en lo meramente coyuntural- es donde el texto produce algo más que inquietud. Si el mayor problema planteado por la existencia de secretos oficiales es que debe existir alguna forma de control externo que evite el abuso por parte del Gobierno de su facultad para definir unilateralmente qué cosas son sustraídas al principio general de escrutinio público, el anteproyecto no sólo no introduce ningún elemento corrector de esa unilateralidad, sino que la refuerza; en todo y hacia todo, pero muy específicamente en lo que respecta a la prensa.La batería de sanciones administrativas previstas para los medios que publiquen materiales considerados secretos por el poder sólo puede interpretarse como una genérica advertencia disuasoria de entrar en determinados asuntos. Una- primera lectura -de nuevo, el GAL - apuntaría a un intento de tapar el pasado; pero parece lícito preguntarse si no se trata, aprovechando el viaje, de una decisión del actual Gobierno para prote gerse frente a eventuales situaciones comprometidas que podrían afectarle en el futuro. Equivoca el anteproyecto, además, el sujeto elegido para las sanciones. Los funcionarios pueden ser infieles en la custodia de sus secretos; los periodistas sólo caerían en la infidelidad si no contaran lo que saben. Pónganse a ello, por supuesto, todas las cautelas debidas al sentido común y a la honestidad; pero decididas por cada responsable del medio de comunicación, y no por el Gobierno.

Todo el borrador destila un tono autoritario en la forma de entender la gobernación de un Estado que debe preocupar a cualquier demócrata., Como ejemplo, emboscada en el texto, aparece una exhumación de la censura previa. La autoridad responsable de la protección de los secretos oficiales, dice el borrador, deberá "notificar a los directores o responsables de los medios de comunicación social la naturaleza secreta de un asunto cuando prevean su posible publicación". Por supuesto que la publicación de materiales que comprometan la seguridad deberá tener una sanción penal; pero de acuerdo con las garantías del proceso, y no por decisión unilateral del Gobierno. El Código Penal ya establece (artículos 598 al 603) qué cosas son delitos de "descubrimiento y revelación de secretos e infonnaciones relativas a la defensa nacional" y las penas correspondientes. Pero no podrá haber condena sin un juicio contradictorio en el que se establezca si realmente la difusión de esas informaciones atenta contra la seguridad nacional.

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, dijo ayer que al final de su tramitación, la ley será "razonable y democrática". Lo que equivale a reconocer que el anteproyecto no lo es y que es necesaria su modificación en el Parlamento. Esperemos que, al final del proceso, esta ley no nos recuerde épocas preconstitucionales.