La hora de la verdad
EN SU primera reunión tras las vacaciones, el Gobierno siguió ayer la discusión sobre los Presupuestos, de los que se sabe que crecerán apenas el 1,5%, es decir, menos que la inflación, lo que supone una línea de notable austeridad. El portavoz transmitió la idea de que el Gobierno está dispuesto a hacer lo que haya que hacer -es decir, a recortar el gasto en la medida necesaria-, incluso si ello resulta impopular. Ciertamente, tras tantas insinuaciones, globos sonda y amagos, al Ejecutivo le ha llegado su hora de la verdad: la de la elaboración -y cumplimiento- de unos Presupuestos compatibles con el objetivo de participación de España en la Unión Económica y Monetaria (UEM). El amplio consenso político en tomo a ese objetivo no se extiende necesariamente al cómo alcanzarlo. Ojalá que el debate parlamentario permita contrastar de manera no demagógica las distintas opciones existentes al respecto.Los últimos datos conocidos sobre la evolución del déficit del Estado constituyen una señal muy favorable, pero no garantizan por sí solos la satisfacción de esa exigencia de convergencia al término del próximo año. El superávit de caja registrado en julio -282.000 millones de pesetas, un 22% superior al de julio de 1995- ha permitido situar el déficit acumulado casi un 20% por debajo del registrado en el mismo periodo de 1995. El objetivo de déficit del Estado fijado para el conjunto del año en un 3,5% del PIB, está hoy más cerca. Pero en esa mejora han sido decisivos el aumento en los ingresos del impuesto sobre sociedades y la reducción en los pagos por intereses de la deuda, factores cuya continuidad en el futuro dista de estar asegurada. Tampoco lo está la contención del resto de los capítulos de gasto público que han experimentado un sensible crecimiento, especialmente los de personal y las transferencias comentes. Quiere ello decir que aun cuando se cumplan en 1997 las previsiones de crecimiento más favorables, la reducción del gasto público seguirá siendo necesaria. A ello parece esperar también el Banco de España para incorporarse a la bajada de tipos de interés que la mayoría de sus colegas europeos han decidido esta semana, siguiendo al Bundesbank.
El otro grupo de decisiones relevantes serán las relativas a los ingresos. La actuación sobre las figuras impositivas existentes -o la creación de nuevas- pondrá de manifiesto hasta qué punto el Gobierno y sus aliados se atienen al principio que asigna funciones redistributivas a los Presupuestos. También servirá para calibrar la coherencia entre los programas electorales y la gestión de Gobierno. Las decisiones adoptadas en este ámbito durante los primeros meses de gobierno -modificación de la tributación de algunas rentas del capital, regularización de balances- y otras insinuadas a modo de sondeo -establecimiento de tasas adicionales sobre el uso de las autovías, el consumo del agua, matrículas universitarias o productos farmacéuticos- inducen a pensar que el Gobierno y sus socios catalanes se inclinan más bien por limitar esa función distributiva; y que se inclinan, como casi todos los Gobiernos de derecha, por aumentar los impuestos indirectos con preferencia a los directos.
Es una opción legítima en la que subyacen planteamientos políticos concretos, pero de cuestionable virtualidad práctica en relación con los problemas que tiene planteados la Hacienda pública española. El aumento por diferentes vías de la imposición indirecta vendría a compensar las reducciones ya decididas en la imposición sobre las rentas del capital y en los beneficios concedidos a las empresas que regularicen sus balances. En el caso de decidir aumentos de tasas, dado el carácter generalizado de su exacción e independencia de la capacidad económica de los sujetos pasivos, serían los ciudadanos de rentas más modestas los que asumirían mayores costes relativos.
