El Gobierno de Menem sigue con su plan de ajuste económico pese a la huelga general
Ya no quedan heridos ingresados en hospitales ni detenidos en comisarías, sólo declaraciones e interpretaciones del paro general. Un día después del grito de la huelga que el jueves retumbó en toda Argentina, el conflicto social ha vuelto a los límites políticos y económicos en que se encontraba, siempre cercano al abismo. El Gobierno, que por primera vez no desalentó la medida y hasta reconoció que contó con adhesión, logró -a cambio de oír los insultos y de medir la magnitud de la bronca- el aire que necesitaba para que el nuevo ministro de Economía, Roque Fernández, acuerde con empresarios, partidos políticos y legisladores el paquete de medidas de ajuste que se anunciará la próxima semana.
Las dos centrales escindidas de la CGT, constituidas por los dirigentes más combativos, demostraron que se ha formado una segunda fuerza sindical. La Confederación General del Trabajo (CGT), la central sindical de origen peronista que respaldó, apoyó y sostuvo la política económica del Gobierno durante siete años, recuperó en parte el protagonismo que buscaba con la convocatoria del "paro nacional", pero ha perdido, según las encuestas, la confianza de la mayorías de los que todavía tienen trabajo.Las declaraciones cruzadas parecen ahora sólo fuegos de artificio. El diputado Carlos Chacho Álvarez, líder del Frepaso -Frente por un País Solidario-, la fuerza política que ha quebrado el tradicional bipartidismo argentino, reclamó la renuncia del ministro del Interior, Carlos Corach, por la represión policial. La Unión Cívica Radical, principal partido de la oposición, se ha sumado a las denuncias contra el Gobierno.
Los ojos de todo el país están puestos ahora en Roque Fernández, el nuevo ministro de Economía, que el mismo jueves pidió al presidente unos días más para terminar de elaborar su "paquete de medidas". Se sabe ya que se aplicarán algunos nuevos impuestos, se extenderá el IVA al transporte de pasajeros y a los alquileres de comercios y se, reducirán los salarios de los empleados del Estado.
Con estas medidas, el Gobierno lograría el perdón del Fondo Monetario Internacional por no alcanzar las metas presupuestarias prometidas por Cavallo. De lo que nada se sabe aún es cómo sigue la relación del Gobierno con la CGT, su aliada sindical. El secretario general, Gerardo Martínez, dijo la noche del jueves: "No vamos a ceder más". Nunca había sido tan claro.
El Gobierno todavía tiene algo que ofrecer, pues estaría dispuesto a retirar del Parlamento el decreto que elimina las asignaciones familiares, reduciendo así los salarios, y grava los vales de comida que las empresas, conceden a sus trabajadores.
