Sanidad plantea que el ciudadano pague una tasa por cada servicio medico

Cien pesetas por receta o consulta de atención primaria, 500 por día de estancia en hospital, 600 por urgencia hospitalaria. Son algunas de las tasas que el Ministerio de Sanidad ha recogido en un documentode estudio para abordar cómo reducir el gasto sanitario en 240.000 millones anuales y que ha enviado a siete comunidades autónomas. Gobiernos regionales, sindicatos, asociaciones y partidos políticos manifestaron ayer su total rechazo a cualquiera de las propuestas para que los ciudadanos paguen por receta o servicio de la sanidad pública. Todos hicieron el mismo análisis: quienes salen perdiendo volverían ser los ciudadanos con menos recursos económicos.

A finales de julio, el subsecretario del Ministerio de Sanidad convocó a los viceconsejeros de salud de las comunidades autónomas que tienen transferidas estas competencias -Andalucía, Valencia, Cataluña, Navarra, País Vasco, Galicia y Canarias- a una reunión informal. Lo que les repartió no era baladí, sino nada menos que un documento con medio centenar de propuestas para reducir el gasto sanitario. Al resto de las comunidades autónomas, como reconocieron ayer en Castilla y León y Extremadura, nada se les ha notificado.Desde diversas consejerías consultadas se ha indicado que se ha interpretado el documento como "un borrador muy borrador", que incluye un catálogo de ideas -algunas aplicadas en otros países-; es decir, un listado de lo que hay y se puede hacer, para después del verano entrar en el debate sobre cuáles pueden ser las más apropiadas,

El consejero de Salud de Andalucía, José Luis García de Arboleya, resaltó: "Compartimos la preocupación por la evolución del gasto sanitario, pero estamos totalmente en contra de cualquier propuesta de copago del ciudadano, porque rompe el principio de equidad y solidaridad, produce injusticias entre personas y recae en el sector más débil de la sociedad". El director general de Salud de Castilla-La Mancha, Rafael Peñalver, también se opuso: "Son medidas discriminatorias, regresivas".

Eficacia dudosa

Ambos, del PSOE, apoyan sin embargo lo referido a reformas en la gestión y recortes en los márgenes de ganancias farmacéuticas, negociaciones con Farmaindustria, compra de genéricos... Y ambos dudan de la eficacia de las otras medidas para contener el gasto sanitario, vista la experiencia, por ejemplo, de Portugal, donde se implantó algún tiempo el pago de tasas por urgencias. La ex ministra de Sanidad y actual portavoz del PSOE para sanidad, Angeles Amador, ya declaró a finales de julio: "El ajuste de la Sanidad no puede hacerse a costa del usuario, porque además de no ser equitativo no es eficaz".El consejero andaluz matizó ayer que se trataba de un "borrador técnico". "Sería injusto decir que el Gobierno nos lo ha presentado como un documento oficial que asume; se trata de un asunto tan importante que requiere un debate social y parlamentario a fondo, como así creo que se vaya a hacer". Y añadió: "No creo que lo intenten aprobar por decreto-ley, como los cambios en farmacias y gestión del Insalud; eso sí que sería preocupante". Sin embargo, la sugerencia y plasmación sobre un papel ya han levantado irritación.

EL PAÍS no pudo localizar ayer a ningún responsable sanitario del Gobierno Vasco. Fuentes del Gobierno catalán dijeron, por su parte, que el documento se está debatiendo sólo "a nivel técnico, pero no a nivel político". Ambos ejecutivos dejaron claro antes de vacaciones- apoyar la propuesta del Ministerio de Sanidad de hacer pagar a los ciudadanos parte de los fármacos que consumen, una de las medidas con la que se conseguiría hasta 50.000 millones de pesetas de ahorro al año.

El Ministerio de Sanidad explicó que ese catálogo de propuestas, recogido ayer por El Mundo, "no pasa de ser estudios de técnicos y consultores, que no han sido asumidos por el Gobierno". Sanidad señala que "el ministerio sólo está considerando la posibilidad de introducir cambios en la aportación de los usuarios al gasto farmacéutico", sin que haya todavía una propuesta concreta, como podría ser la aportación en recetas, como ya adelantó EL PAÍS el 26 de julio.

El consejero andaluz explicó que las únicas dos medidas que Sanidad baraja oficialmente son subir del 40% al 45% el porcentaje de pago por recetas y que los pensionistas abonen 100 o 200 pesetas.

La publicación de esas medidas que están en estudio para retomar el asunto en septiembre provocaron la reacción airada de los sindicatos y algunos partidos. La Federación Estatal de Sanidad de CC 00 dijo ayer: "Las medidas de copago propuestas suponen un impuesto sobre la enfermedad, lo que puede disuadir de la utilización de los servicios sanitarios, fundamentalmente a los sectores sociales con menos ingresos, poniendo en peligro sus vidas". UGT también mostró su absoluto rechazo. La diputada de IU-IC y portavoz de este partido para sanidad, Ángeles Maestro, señaló: "Estas medidas supondrían una agresión intolerable al creciente y mayoritario colectivo social que engloba a las pensiones que están por debajo del salario mínimo, los trabajadores con empleos precarios y los parados y paradas".