El Gobierno español se opone a la norma aprobada en Estados Unidos por su carácter extraterritorial

El Gobierno español expresó su total rechazo a la ley Kennedy-D'Amato, que firmó ayer el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, para sancionar las inversiones petroleras en Libia o Irán que superen 40 millones de dólares al año (unos 5.200 millones de pesetas). España es contraria a todo tipo de legislación extraterritorial, argumentó el subdirector general de la Oficina de Información Diplomática (OID), José Luis Solano. La respuesta de España a esta nueva ley se hará, añadió Solano, en coordinación con la Unión Europea, de la misma forma que se acordó la respuesta a la ley Helms-Burton, que penaliza las inversiones en Cuba.La OID añade que la ley sancionada por Clinton no tiene sentido porque "ya existe una legislación para controlar a estos dos países, y la Unión Europea marca cómo deben desarrollarse las relaciones internacionales con ellos". Y recuerda que en el caso de Libia ya existe una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las sanciones que se deben aplicar a este país tras el atentado de Lockerbie, y debería ser el Consejo de Seguridad quien decidiera si hay que aumentar o revisar esas sanciones. Con Irán, la Unión Europea mantiene una posición de "diálogo crítico" para evitar su aislamiento.

Exteriores evitó pronunciarse sobre las posibles repercusiones para empresas españolas. Antes espera ver cuál será la reacción coordinada de la UE y la respuesta de países como Francia o Alemania, con intereses petroleros mucho mayores en ambos países.

Las empresas españolas confían en no verse afectadas por la ley, ya que no afecta a las inversiones realizadas, pero el 1,8% del total de importaciones españolas -un total de 240.000 millones de pesetas- procede de esos dos países. Libia suministra, a través de Enagas, el 16% del gas que consume España.

Una de la principales empresas españolas con intereses en ese país es Repsol a través de un proyecto multinacional en la región de Murzuk, en el sureste del país. La empresa española opera allí desde 1994 en un consorcio en el que posee el 20%, junto a la francesa Total (15%), la austríaca OMV (15%), y la libia NOC (50%). Fuentes de Repsol confirmaron ayer su convicción de que la nueva ley no afectará a sus intereses. Como el contrato del proyecto se firmó hace dos años, la nueva ley norteamericana, que sólo se refiere a futuras inversiones, no debería aplicarse en este caso, pese a que la inversión acordada aún no se ha desembolsado en su totalidad.

Entretanto, los analistas subrayan que la industria del petróleo teme un desequilibrio si rebrota la tensión en el Golfo: "Los atentados en Arabia Saudí y el enfrentamiento de EE UU con Irán y el presidente iraquí, Sadam Husein, están calentando los mercados de crudo, pero los suministros no van a ser cortados". Los precios del crudo subieron ayer 25 centavos de dólar por barril.