Rajoy planta cara a CiU y rechaza su reclamación sobre los fondos del Inem

El Gobierno ha plantado cara públicamente por vez primera a Convergéncia i Unió (CiU), tras los pactos de gobernabilidad de abril. El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, respondió ayer negativamente a la reclamación del presidente de la comisión de traspasos de la Generalitat catalana, Josep Antoni Duran i Lleida, de los fondos del Instituto Nacional de Empleo (Inem) gestionados por la Administración central. Rajoy aseguró que el Gobierno no sólo iba a rechazar esta reclamación sino cualquier otra que rompa la caja única del Inem o de la Seguridad Social.

El ministro de Administraciones Públicas aprovechó la última reclamación de CiU, formulada el miércoles ante el ministro de Trabajo, Javier Arenas, para fijar públicamente sus reglas de juego con los nacionalistas. Aseguró que el Gobierno cumplirá sus compromisos establecidos en los pactos con CiU, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC), pero que a partir de ahí era libre de aceptar o rechazar nuevas reclamaciones.Mariano Rajoy aclaró que el Gobierno en ningún momento aceptará ceder a las comunidades autónomas las políticas pasivas o la recaudación de cuotas del Inem ni tampoco de la Seguridad Social por considerar que son competencias del Estado. Recordó que ese límite ya lo había establecido el PP en su negociación con los nacionalistas catalanes y vascos para formar gobierno y aclaró que no tenían por qué deteriorarse sus buenas relaciones por este desacuerdo.

El ministro trató de encontrar un equilibrio entre su firmeza ante las nuevas reclamaciones nacionalistas y su seriedad en el cumplimiento de los pactos con ellos. En su balance de los tres primeros meses destacó el impulso que el Gobierno ha dado al desarrollo autonómico, tanto a las comunidades de -vía lenta como a las de vía rápida.

El cumplimiento de los pactos del Gobierno con los nacionalistas sigue el calendario previsto, según Rajoy. El Ejecutivo ha enviado el proyecto de Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), que suprime los gobernadores civiles, a las Cortes así como el proyecto que eleva el rango de la Conferencia Sectorial para Asuntos Europeos, que estudiará la participación de las autonomías en Europa, en el plazo previsto, esto es, antes de transcurrir tres meses tras la constitución del Gobierno.

También ha creado la figura del agregado autonómico en la Embajada española ante la Unión Europea. Rajoy manifestó ayer que encarnará esa figura el diplomático Guillermo Ardizone, empleado en la Embajada de Israel. El nombre de Ardizone, un desconocido, no ha causado ningún entusiasmo en las comunidades autónomas. Sin embargo, el ministro Rajoy insistió ayer en que Ardizone contaba con el respaldo del Gobierno. El Ministerio de Administraciones Públicas ha concretado, asimismo, el calendario para la cesión de las políticas activas del Inem (en noviembre) y de los puertos.

La pieza fundamental del pacto del Gobierno con los nacionalistas catalanes, la financiación autonómica con la cesión del 30% del IRPF y con capacidad normativa, la decidirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el 16 de septiembre. El Gobierno dispone de un plazo mayor para cerrar el acuerdo sobre el Concierto Económico con el Ejecutivo vasco.