La UE pone en marcha la 'lista negra' de empresas norteamericanas
La Comisión Europea decidió ayer poner en marcha una de las medidas aprobadas el 15 de julio por los Quince para combatir los efectos extraterritoriales de la ley Helms-Burton, que endurece el embargo a Cuba. Se trata de la creación de una lista negra de empresas y empresarios de Estados Unidos que discriminan a las sociedades europeas.
En un principio se pensó que esta lista negra quedaba aplazada al suspender el presidente Bill Clinton el título de la ley destinado a permitir que las empresas de EE UU puedan llevar ante los tribunales a las personas o empresas que utilizan antiguos bienes norteamericanos en Cuba. Sin embargo, la Comisión decidió ayer poner en marcha su propia lista negra. El primer paso será la publicación en el Diario Oficial de un anuncio que invita a las partes interesadas a suministrar toda información que consideren útil para confeccionar lo que Bruselas denomina eufemísticamente lista de vigilancia.
Disuasión
El comisario Leon Brittan dio ayer la luz verde definitiva al reglamento del que se quiere dotar la UE para luchar contra la ley. El texto, que ha superado las reticencias planteadas por el Reino Unido, debe ahora ser aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre. El texto permite que cada Estado miembro determine "las sanciones a imponer a quienes incumplan este reglamento, que deberán ser efectivas, proporcionales y disuasorias", aunque permite que las empresas perjudicadas por una ley extraterritorial puedan acatar ésta de forma parcial o total "si el no acatamiento perjudicase gravemente sus intereses o los de la Comunidad".A juicio de Brittan, la ley no sólo no ayuda al común objetivo de instaurar la democracia en Cuba, sino que "perjudica a los verdaderos aliados de EE UU, quiebra la confianza de los industriales y constituye un peligroso precedente que EE UU lamentará si otros países adoptan esa misma política en el futuro".
El Reino Unido ha aceptado finalmente el reglamento al completo, incluyendo una de sus grandes reticencias: el hecho de que los perjuicios causados a las empresas europeas puedan ser compensados de forma integral en cualquier país de la Unión, con independencia del país de origen de la empresa europea afectada. Así, si una sociedad española se ve perjudicada por una norteamericana que actúa en Alemania pero no en España, los Quince pueden tomar represalias contra la filial alemana de la sociedad norteamericana.
