El Congreso de Uruguay estudia acciones judiciales contra Nicolini

J. J. AZNÁREZ La documentación falsa presentada al Parlamento de Uruguay por el diputado Leonardo Nicolini, perteneciente a la coalición de izquierda Frente Amplio, para apoyar sus denuncias sobre supuestas irregularidades en las operaciones comerciales de la empresa pública española FOCOEX (Fomento de Comercio Exterior) y el Estado de ese país suramericano ha colocado contra las cuerdas al parlamentario acusador. Al diputado se le ha abierto juicio político y ello ha alterado los planteamientos en el seno de la Comisión Investigadora encargada de pronunciarse sobre las imputaciones de Nicolini. A partir de mañana, ésta puede elevar sus conclusiones al Congreso dado que se ha cumplido ya el plazo dispuesto para los trabajos investigadores.

Una vez recibido el informe, el pleno de la Cámara de Diputados deberá determinar si traslada sus conclusiones a la justicia ordinaria o las archiva. Recientemente se ha registrado un mayor acercamiento de posturas para acordar unas conclusiones sobre el caso entre los miembros de la comisión adscritos al Partido Colorado y al Partido Blanco, que gobiernan en coalición bajo la presidencia del colorado Julio María Sanguinetti. La comisión está integrada por legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria. La manipulación detectada por dos peritos calígrafos ha dividido al Frente Amplio entre quienes consideran conveniente defender a Nicolini, cuya credibilidad ha quedado sustancialmente mermada, y un sector del movimiento más dispuesto a sumarse al juicio "por desarreglo de conducta" en su contra que deberá solventar el Senado.

Propuesta de Frutos

Pese al inicio de acciones contra el diputado uruguayo que realizó esas falsas acusaciones, Francisco Frutos, portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Infraestructuras del Congreso, anunció ayer que su coalición volverá. a pedir una comisión de investigación sobre FOCOEX.

Frutos, que denunció el intento de desviar responsabilidades tras la investigación realizada en Uruguay, mostró su esperanza en que el resto de formaciones políticas respalden su propuesta. "Aquellos partidos que en la pasada legislatura tenían una exquisitez ética para pedir depuraciones deberían demostrarla ahora en el caso de FOCOEX", insistió. Antes de las elecciones generales, Rafael Hernando, diputado del Partido Popular, y Loyola de Palacio, actual ministra de Agricultura, utilizaron el supuesto escándalo de FOCOEX para lanzar duras acusaciones contra el Gobierno socialista.

Frutos añadió que existen indicios racionales de comisiones y pagos "desorbitados" que si no se solventan pondrían en peligro la actividad comercial de empresas españolas en Uruguay. Y afirmó que, "en este tipo de investigaciones, cuando se llega a determinados documentos, desaparecen las pruebas más contundentes y evidentes en un intento por anular resultados".