Nuestro verdadero problema

La seña de identidad de un Gobierno se expresa a través de tres políticas básicas de impulso redistributivo: de la riqueza económica, de la riqueza cultural, y -si se puede decir así- de las libertades y derechos. Cuanto más desigual es esa triple distribución, más conservador es el Gobierno. Cuanto más equilibrada es, y más cohesión social produce, más progresista o de izquierda es la política del poder ejecutivo y legislativo.El PP dijo y reiteró en la campaña electoral previa al 3-M que era un partido de centro y que su política iba a ser centrista. No nos lo creímos, naturalmente. Pero nunca imaginamos que esa falacia se pondría tan pronto de manifiesto, de forma tan evidente y explícita.

Efectivamente, si hay que valorar por los anteriores parámetros a la actual Administración del Partido Popular, el diagnóstico es abrumadoramente claro: favorece fuertemente la desigualdad económica y cultural y discrimina en el goce de las libertades básicas. Esto es lo que, a mi juicio, cabe decir respecto a las medidas -no demasiadas- que se han adoptado desde la toma de posesión de Aznar.

Empecemos por lo económico. Dos grupos de decisiones destacan. De un lado, la amnistía o regalo, en los impuestos directos, a los propietarios de terrenos, de fondos de inversión y de sociedades, y la venta de la propiedad pública (privatizaciones); y, como reverso de la moneda, la congelación de los salarios a los funcionarios y quienes trabajan en el sector público, que parece ser la bestia negra a abatir por el Gobierno, así como la intensa subida de impuestos indirectos. Esto significa, lisa y llanamente, trasvasar rentas desde los ciudadanos y ciudadanas con menos ,ingresos a los que poseen rentas del capital, mobiliarias o inmobiliarias; desde lo público a lo privado. No hay demagogia ni exageración en afirmar esto. En lo que hay demagogia y cinismo es en explicar el frenazo a los salarios de los funcionarios basándose en que así se puede mantener el poder adquisitivo de las pensiones -ya asegurado en el Pacto de Toledo- y que así se cumple la convergencia con Europa.

La pretensión del Gobierno de enfrentar a los trabajadores con los pensionistas es un juego demasiado peligroso para tomarlo por una broma. Seamos serios. La opción del Gobierno ha sido favorecer las rentas del capital. Esto y no los pensionistas es lo que le obliga, lógicamente, a gravar las rentas del trabajo, lo que, a su vez, implica ahondar el desequilibrio socioeconómico.

En cuanto al pretexto de Maastnicht, el argumento se cae por su propio peso. Hasta ahora, este Gobierno no ha hecho más que conspirar contra la Unión Económica y Monetaria (UEM). Primero, porque la desfiscalización a los poseedores de rentas de capital nos aleja de la moneda única. Segundo, porque la insistencia' en golpear el consumo de los trabajadores -se dijo, por cierto, que las primeras medidasfiscales eran para alentar el consumo de los rentistas- es una acción recesiva procíclica, cuando la causa de la debilidad de la recuperación económica -imprescindible para converger con Europa- está en la atonía del consumo de las familias muy temerosas del futuro de las pensiones y del empleo (descenso del 2,1% de los gastos familiares en el segundo trimestre). Tercero, porque un objetivo tan ambicioso e importante como la construcción europea y la UEM, que hay que apoyar sin reservas, requiere un esfuerzo que sólo la cohesión social permite afrontar con garantías de éxito; sin embargo, esa cohesión la rompe la política antiigualitaria de la derecha, que en esto no recibe más que ánimo interesado de un socio nacionalista que pasará pronto la factura de la financiación autonómica.

La otra gran dimensión de la naturaleza ideológica de una alternativa política es la que afecta a la cultura. Un Gobierno democrático tiene la obligación de aplicar una política cultural dirigida a la integración y al libre desarrollo de la personalidad. Se trata de derechos innatos a la persona. Algo que el mercado no puede garantizar. En este ámbito, los pasos dados desde el Gobierno han sido de lo más lamentable. Desde lo de la asignatura de religión hasta la propuesta de que las ayudas al cine se den en función del número de espectadores, o, más grave aún, la desaparición de cualquier protección pública a la creación española, latinoamericana y europea, frente a la agresiva industria audiovisual de Norteamérica. La derecha patriota se comporta aquí como una sucursal de multinacionales extranjeras exportadoras de ideologías innecesarias. Sólo un ejemplo de lo que nos espera con un planteamiento cultural (sic) que confunde el arte y la creación con una fábrica de mediocridades en serie...

Vayamos, por último, a las libertades; como la de circular o como la de pedir asilo o como la de gozar de un trato simplemente humano. Ya estábamos acostumbrándonos, bajo mandato sedicentemente socialista, a que los inmigrantes cada vez fueran respetados menos por el Estado, como parias del mundo occidental. Pero lo que ha ocurrido con los 103 africanos, expulsados con nocturnidad y alevosía, ha superado nuestros temores más instintívos por la venida de la derecha. La operación de quitarse de en medio ese "problema" que mencionó Aznar -en uno de sus más desafortunados pensamientos en alto- pasará a la historia de la xenofobia de Estado.

Todos los agravantes se dan aquí. Incumplimiento de las leyes de extranjería y asilo, en sus procedimientos ya de por sí draconianos; expulsión ilegal cuando casi la mitad de los inmigrantes habían cursado petición de asilo (que debe paralizar, según la ley, cualquier expulsión) sabiéndolo el Gobierno; utilización de técnicas propias de novela negra, como coacción para administrar narcóticos o sobornos a funcionarios de los países de destino; destino incierto e inseguro en cualquier caso. Prevaricación, coacciones, delito de impedir el ejercicio de derechos constitucionales, móvil racista, son tipificaciones del reciente Código Penal (artículos 404, 172, 542 y 23, respectivamente), cuya existencia en este caso tendrá que investigar el sistema judicial.

Las conductas descritas significan olvidar que las libertades y el Estado de derecho son indivisibles, que no se pueden aplicar con criterios de discriminación por la raza o por la pobreza. Esas conductas no son una anécdota.

Son la imitación chapucera y ajurídica -el no derecho de que habló Radbruch- de las técnicas desde hace poco utilizadas por

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Francia -cuyo modelo cultural protector no se imita, sino el represor- para expulsiones, colectivas y sistemáticas, de extranjeros en situación irregular. Christian de Brie ha llamado a eso el "bulevar de la xenofobia ambiental". Desde luego, con ello Aznar y Mayor no han resuelto ningún problema. Lo han hecho más grande, aunque, al menos, nos han despertado de los famosos l00 días de gracia y nos han ilustrado sobre el sentido de la nueva etapa política española.La estrategia errática del Gobierno parece que empieza a aclararse. Siguiendo la viejísima enfermedad española del clientelismo, su política está diseñándose para consolidar una base electoral con los suyos de siempre y algunos más, como los poseedores de rentas no provenientes del trabajo, y, utilizando el buen Pacto de Toledo, para atraerse a una parte significativa de los pensionistas. Lo hace con un mensaje ideológico individualista, y supuestamente liberal, que pretende competir con la maltrecha tradición cultural de la izquierda, cuya base social quiere desvertebrar aún más. El precio a pagar es menor cohesión en lo social, desequilibrio en lo económico, y, lo más preocupante, una pérdida de autonomía de los poderes políticos democráticos en beneficio de otros poderes fácticos emérgentes, externos e internos.

Es un precio muy alto, que la Ízquierda no puede admitir. A pesar de que ésta se encuentra en no muy buena posición, con la autoridad moral (PSOE) por los suelos y con la obsolescencia

rigidez del discurso (IU) por el techo, a pesar de eso, hay que oponerse y, más allá, crear una alternativa progresista y creíble a esto que vemos. Para ello será necesario que la izquierda no sólo dialogue -lo que ya es un paso notable-, sino, sobre todo, que entre en un proceso de profunda renovación en ideas y estrategias -lo que es un paso imprescindible- para llegar a edificar el proyecto del que hoy carece y que exige coincidir en bastante más que en decir no a la política del PP.

Todo porque, parafraseando al presidente del Gobierno, la política de éste es ya el problema para la mayoría de los españoles. Nuestro verdadero problema.