"El ajuste en Sanidad no puede ser a costa del usuario", dice la ex ministra Amador

"Si hay medicamentos que no sirven, que no se financien; si hay un gasto excesivo, hay que atacar la raíz del problema, que es la cultura consumista de medicinas. Pero el ajuste de la sanidad no puede hacerse a costa del usuario", afirma Angeles Amador, ex ministra de Sanidad y portavoz socialista para sanidad. Amador rechaza las medidas que baraja el Gobierno para reducir el gasto farmacéutico -subir del 40% al 45% la aportación del ciudadano por receta y una tasa de 100 pesetas para los pensionistas-. En ello coincide con sindicatos y asociaciones de jubilados.

"La sanidad no es gratuita. Ya la estamos pagando todos a través de impuestos en un 85%", dice Amador. En su opinión poner más gravámenes, además de ser "una medida poco equitativa" no será eficaz. "Hay que recordar que la única prestación que tiene en España un ticket moderador es la farmacéutica y, lejos de contener el gasto, es la prestación más desbordada", afirma. Según estudios realizados durante su etapa ministerial un pensionista con problemas crónicos gasta una media de tres recetas a la semana. Esto le supondría un gasto de 1.200 pesetas al mes si se impone la tasa. "Si gravamos este consumo se van a producir inequidades porque habrá jubilados con pensiones bajas que dejarán de ir al médico", lamenta Amador.

Las federaciones de pensionistas de UGT y CCOO reaccionaron ayer agriamente a los proyectos ministeriales, advirtiendo sobre sus consecuencias negativas, informa Servimedia. "Si tenemos en cuenta a un matrimionio que percibe una pension mínima, y a esta le quitamos 2.000 pesetas de medicamentos al mes, nos damos cuenta de que es una cantidad importante", declaró Manuel Egido, representante de los pensionistas de UGT. Estos grupos de jubilados advierten que se movilizarán si se adoptan finalmente estas propuestas.

Los portavoces sindicales tuvieron la oportunidad ayer de mostrar su desacuerdo con estos proyectos de recortes sanitarios en la reunión de la comisión ejecutiva del Insalud. Según María José Alende, secretaria general de la federación de Sanidad de CC OO, ni siquiera los propios representantes del Insalud estaban convencidos. "Yo expresé mi desacuerdo con que el coste repercuta en aquellos que no tienen ninguna responsabilidad en la prescripción del fármaco y que en la línea de evitar el gasto se deben probar medidas en áreas distintas", explicó Alende. Entre ellas, Alende propone el uso de fármacos genéricos, el desarrollo de protocolos terapéuticos con los fármacos más baratos entre los que demuestren igual eficacia, así como establecer recetas de unidosis en las consultas de los especialistas.

En opinión de Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FASDP), "desde el punto de vista sanitario cualquier tasa que grave al ciudadano es, primero un error, y segundo muy negativo, porque penaliza a los que tienen más problemas de salud. Creemos que hay otras medidas, por ejemplo, que el Estado sólo financie los medicamentos más baratos entre los que tienen la misma eficacia".

En su opinión, este tipo de propuestas pueden tener un efecto negativo en la inflación "porque al final aumentan el gasto sanitario sea público o privado" y sobre todo considera que "provocarían un claro incumplimiento de la promesa del gobierno sobre mantener el poder adquisitivo de las pensiones".

Ángeles Amador hace referencia a otro posible "incumplimiento" por parte del Gobierno si se recorta presupuesto sanitario: "el del pacto de Estado para la financiación de la sanidad pública que se hizo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en septiembre de 1994 y con una vigencia de cuatro años".