A golpes

EL GOLPE de Estado ha hecho una vez más su aparición en África, en un mísero país como Burundi diezmado por la violencia que enfrenta a dos grandes tribus, los tutsis y los hutus, y que ha producido en los últimos tres años decenas de miles de muertos. Pierre Buyoya, antiguo jefe del Estado, ha vuelto al frente de los tutsis, prometiendo paz y democracia. Difícilmente podrá cumplir, aunque lo quiera, ninguno de esos buenos propósitos.El principal grupo guerrillero hutu -que cuenta con bases en Zaire- ha señalado que proseguirá la lucha a pesar de los llamamientos de Buyoya. La crisis estaba anunciada. Burundi es de esos casos que se estudiaban como crisis anticipadas en las escuelas de diplomacia.

En un país en que los hutus son mayoría demográfica mandaban los tutsis, que controlan el Ejército. Al menos desde 1993, en que fue asesinado el primer presidente hutu del país en un golpe fallido que generó más de 50.000 muertos, Burundi ha convivido con un elevado grado de violencia político-étnica. Ante las recientes matanzas de centenares de tutsis huidos de Ruanda a campos de refugiados en Burundi, los tutsis han reaccionado con un golpe de Estado para quitar al presidente hutu Sylvestre Ntibantunganya, refugiado en la Embajada de EE UU ante el comprensible temor de ser asesinado. De esta forma se pone fin a una experiencia de poder compartido con un primer ministro tutsi.

Las reacciones internacionales no han tardado en llegar ante el temor de una Ruanda II, con una huida ,o expulsión masiva de hutus. La Comisión Europea ha anunciado que corta sus ayudas. EE UU anuncia que no reconocerá al nuevo régimen. Pero más allá de estos gestos, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? La prevención hubiera sido quizá más fácil que la curación. Llegados a este punto, difícil será que la comunidad internacional se imponga con firmeza para establecer la ley y el orden en un país que poco le importa. Cortar la ayuda internacional -pese a que en ocasiones se desvíe hacia las oligarquías locales penalizará sobre todo a unas poblaciones ya de por sí castigadas.

Las circunstancias reclamarían una intervención internacional. Pero toda intervención requiere que la mande un país, como se ha demostrado en los últimos años ante las limitaciones que ha mostrado la ONU para ejercer funciones de mando. La Organización para la Unidad Africana (OUA) estaba, con el concurso norteamericano, preparando con sumas dificultades una operación de pacificación que las dos partes enfrentadas rechazaban y que plantea la necesidad de una voluntad política previa. El golpe de Buyoya probablemente la dificultará aún más. La comunidad internacional, más que aislar al país, debería presionar para la búsqueda de soluciones políticas que permitan la convivencia entre etnias o tribus condenadas a compartir territorio e incluso otros atributos de identificación.