El Gobierno dispara el precio del tabaco y el alcohol

Los impuestos especiales, una de las vías de recaudación que barajaba utilizar el Gobierno para aumentar los ingresos en 1997, aumentarán antes de lo previsto. El Consejo de Ministros decidió ayer incrementar, con efecto inmediato, la carga impositiva del alcohol y bebidas derivadas (Whisky, ginebra, ron, brandy) en un 25,5%, y del tabaco, entre un 16% y un 20%, con el fin de financiar el endeudamiento extraordinario en el que incurrirá para hacer frente a un agujero presupuestario de 721.170 millones procedente de ejercicios anteriores a 1996.El anuncio de estas insuficiencias presupuestarias, detectadas por la Intervención General del Estado, provocó la alarma en los mercados financieros, muy sensibles a cualquier noticia negativa sobre las perspectivas de convergencia de los Estados miembros. El propio Gobierno reconoce que estas insuficiencias "comprometen las previsiones de déficit público". Las medidas para financiarlas, concretamente la subida de los impuestos sobre alcohol y tabaco, tendrán un impacto negativo sobre la inflación de este año, al incrementar los precios, aunque de forma transitoria, entre 0,2 y 0,3 décimas.

La subida del impuesto sobre el tabaco aprobada supone un incremento de 30 pesetas en el precio de una cajetilla de Ducados (de 140 a 170 pesetas), de 40 pesetas en el de Fortuna (de 200 a 240) y de 50 pesetas en el de Winston o MarIboro (de 300 a 350). En el caso del alcohol y bebidas derivadas, el impuesto sobre el litro de alcohol puro pasa de 907,8 a 1. 140 pesetas. Una botella de whisky de 0,70 litros y 43% de volumen pasa de 1.250 a 1.331 pesetas. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, que presentó ayer los datos a la prensa tras el Consejo, destacó que pese a estos aumentos, "la carga impositiva de estos dos productos sigue siendo menos de la mitad del resto de la media europea". Justificó haber elegido esto dos sectores por su menor impacto en la inflación y menor perjuicio para los ciudadanos.

"El Gobierno pide un esfuerzo adicional a los ciudadanos que supone financiar una deuda extraordinaria en un plazo muy corto", declaró Rato. Aseguró, en clara referencia al nerviosismo de los mercados, que no hay motivo de alarma y que la decisión "produce un saneamiento en las finanzas públicas y aumenta su fiabilidad". Y sin embargo, el anuncio ya ha tenido un efecto negativo en las rentabilidades de la deuda, que subieron ayer en casi 0,15 puntos, una evolución que, de mantenerse, encarecerá la financiación futura del Estado.

El ministro de Economía diferenció dos apartados en los 721.170 millones descubiertos. De esta cifra, 197.273 millones son pagos realizados sin cobertura presupuestaria (FEOGA, seguro de cambio de autopistas, recargo municipal del IRPF, etc ... ). El resto -523.273 millones- representa los créditos que ni han sido pagados ni tienen reconocimiento presupuestario. De esta cantidad, 28.186 millones son gastos para los que había expediente de créditos extraordinarios pero que no fueron tramitados por el Gobierno. Los 495.709 millones restantes son insuficiencias presupuestarias para las que no hay ni expediente ni reconocimiento.

El agujero se concentra en pocas partidas, destacando las insuficiencias de 341.494 millones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y los 114.151 millones del Ministerio de Agricultura y Pesca -de los cuales 102.430 millones corresponden a sanciones comunitarias de la cuota láctea-. Llama la atención la deuda de 26.315 millones contraída por el Ministerio de Justicia e Interior con Telefónica en ejercicios anteriores a 1992. Rato puso este último caso como ejemplo de la evolución cada vez más laxa de los criterios de control presupuestario que se ha seguido en los últimos años de gobiernos socialistas.

El ministro citó el caso del Ministerio de Fomento para argumentar la decisión de aflorar estas insuficiencias: "Si no estuviéramos regularizando esta situación, dada la elevada cuantía de las deudas pendientes en el Ministerio de Fomento, en expropiaciones y obras públicas de emergencia, que tendría que irse aflorando y pagando con los créditos del ejercicio en curso, en 1996 Fomento no podría licitar obra nueva ni cumplir el contrato programa con Renfe".

Rato afirmó que en términos de contabilidad nacional -el que se tiene en cuenta en Maastricht-el desvío que asciende a 547.800 millones. Añadió que el Gobierno aplicará al déficit de 1995 estos créditos extraordinarios. Por lo tanto, en lugar de cerrar el ejercicio pasado con un déficit del 5,8% del PIB, este desequilibrio podría aumentar hasta el 6,58%.

El Gobierno quiere evitar a toda costa que los créditos extraordinarios que ha aprobado para 1996 se incorporen a la base sobre la que calcula presupuestos posteriores. En especial, en el de 1997, año sobre cuyos datos se basará el examen de entrada en la unión monetaria. No obstante, el aumento del endeudamiento público y su amortización repercutirá inevitablemente en los déficit públicos de este año y de los próximos pues incrementa el coste de los intereses de la deuda.

El aumento de los impuestos sobre tabaco y bebidas tiene precisamente esa función: financiar el coste de esa deuda extraordinaria sin provocar más desvíos de los ya previstos. Según el ministro, el pago de esa deuda puede costar unos 40.000 millones anuales y los ingresos adicionales previstos por el aumento de los gravámenes ascienden a 110.000 millones al año. Para lo que resta de 1996, puesto que la medida es inmediata, Rato cifra la recaudación en 35.000 millones-. El plazo para amortizar la deuda será seis años.