Más de 50.000 peticiones de farmacias en un mes bloquean a las comunidades autónomas

El reciente decreto del Gobierno que rebaja los habitantes por farmacia, de 4.000 a 2.800, ha sumido en un caos absoluto a las autonomías. Más de 50.000 peticiones de apertura en un mes las colapsan. Con la regulación derogada y las suyas regionales a medio hacer carecen de criterios para conceder licencias. Ni medios para absorber la "avalancha", se quejan varios consejeros. Además, si en breve no contestan, las solicitudes se dan por concedidas, lo que les obliga a congelar el tema con argucias administrativas. Total "una tomadura de pelo" dice la consejera de Castilla-La Mancha, Matilde Valentín.

Los consejeros de salud autonómicos, del PSOE abiertamente, y los del PP, bajo cuerda, todos protestan por la situación que les ha creado de golpe el decreto, aprobado por el Gobierno el pasado 14 de junio, "de ampliación del servicio farmacéutico a la población". El ministro de Sanidad, José Manuel Romay, insiste en que el decreto ley se justifica por la "urgencia" de arreglar la situación del sector, cada vez más revuelta. Tan urgente le pareció que ni siquiera informó a los responsables autonómicos en el Consejo Interterritorial de Salud de sus intenciones.El resultado ha sido que, en un mes, 12 de las 17 autonomías consultadas acumulan 43.917 solicitudes para aperturas de farmacia, además de las que tienen con anterioridad sus colegios farmacéuticos respectivos. El mismo 19 de junio, un día después de la publicación del decreto en el BOE ya llegaban las primeras. Andalucía con 15.248 peticiones y Valencia con 10.000 son las comunidades con mayor avalancha. Le sigue Madrid, con 9.800.

"Hasta de españoles residentes en Francia han llegado peticiones", asegura el consejero de Murcia, Francisco Marqués, del PP. El andaluz, el socialista José Luis García de Arboleya, cuenta desbordado que en su comunidad "hay licenciados que han cursado hasta 350 instancias distintas de apertura" para tener más boletos en la rifa. En otras zonas es normal encontrar entre 30 y 40 por persona. El decreto gubernamental ha disparado sus expectativas tras varios años de candado a cal y canto por el monopolio de los colegios farmacéuticos en la regulación del mercado.

Falsas expectativas

Marqués cree que detrás de todo esto se esconde una artimaña de los propios colegios profesionales para "bloquear a las, administraciones autonómicas", una vez que el decreto les ha restringido sus competencias. Para Arboleya, se trata simplemente de un despropósito del Gobierno central, que piensa recurrir ante el Tribunal Constitucional en los próximos días. "Toda esta avalancha se ha producido porque el real decreto ha levantado, desde mi punto de vista, falsas expectativas. Y, además, si nosotros lo aplicaramos estrictamente en las zonas urbanas tendríamos, incluso que amortizar farmacias", explica el consejero.Varios consejeros autonómicos se reunieron tras el Consejo Interterritorial del pasado lunes para buscar soluciones ante, un problema común. Excepto Cataluña, País Vasco y más reciente" mente Extremadura, ninguno tiene una ley propia de ordenación territorial del servicio farmacéutico. Y aquí está el mayor problema. Porque el decreto deroga las disposiciones anteriores, de 1978, sobre requisitos para las aperturas de farmacias y las autonomías tenían todavía a medio desarrollar sus respectivas ordenaciones. Los consejeros incluso han pensado en intercambiarse sus proyectos cuando los tengan para no echar más confusión al fuego.

El vacío legal resulta una trampa para las autonomías y luna oportunidad sin igual para los solicitantes. En la comunidad valenciana se va dictar con urgencia una "orden para frenar la avalancha y para que no se pueda entender por culpa del. silencio administrativo que se resuelven las solicitudes en positivo", indicaron fuentes del servicio valenciano de salud. Lo mismo van a hacer otras comunidades hasta que les de tiempo a sacar una regulación propia, o bien, esperar al marco legal más. amplio que ha comprometido el Gobierno para el próximo otoño.

Desde la consejería de Cantabria ya se está contestanto por carta, uno a uno, a los 924 solicitantes, emplazándoles para resolver su expediente "una vez: establecidos los criterios y procedimientos previos a los que se refiere el real decreto", indica el consejero, Jaime del Barrio. "Lo más urgente que debemos hacer es un mapa farmacéutico de la región para ver las necesidades que tenemos y definir lo que es una zona urbana, entre otras cosas", explica.

Las expectativas creadas no se corresponden ni de lejos con las necesidades reales calculadas por las. autonomías, al menos mientras en España el mercado siga regulado. Por ejemplo, en Baleares, donde ya existen 363 farmacias, fuentes de la consejería estiman que sólo se podría atender, como máximo, un 10% de las 150 solicitudes recibidas.

La ratio establecida por habitante -un máximo de 2.800 por farmacia ampliable a 4.000- también preocupa a las administraciones, que tienen muy distinta densidad demográfica y por tanto diferentes necesidades. Aragón necesitaría una ratio menor en la zona rural, dicen sus responsables. Por similares motivos, para la consejera de Castilla-La Mancha, Matilde Valentín, del PSOE, este decreto es casi un atraco a mano armada. "Nos limita las posibilidades, nos impone unos máximos. El gobierno ha creado una legislación básica y obligatoria que nos ata las manos y que no tuvieron en su día Cataluña o País Vasco para hacer su propia ordenación", afirma. Su resumen de la situación es el siguiente: "Colapso y engaño a los ciudadanos".