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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Fondos para todo

POCAS DUDAS se pueden albergar ya de que responsables del Ministerio del Interior entraron a saco en la partida de fondos reservados, aunque son los tribunales los que tienen que determinar las responsabilidades de cada acusado, y para bien del país deberían hacerlo cuanto antes. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido tomar cartas en el sumario del uso irregular de fondos reservados y ha marcado a la juez que lo investiga los puntos a esclarecer. La iniciativa es importante por dos razones. De entrada, separa lo que pudieron ser actividades delictivas de aquellas otras que fueron simplemente irregularidades administrativas. Quiere con ello ahorrar tiempo y energías en una investigación de por sí compleja y difícil. Y, con esa clarificación de objetivos, da un impulso importante a un sumario que está lejos de concluirse casi dos años después de que se iniciarán las primeras diligencias.La denuncia inicial del Partido Popular sobre el uso irregular de los fondos reservados cifraba en unos 20.000 millones de pesetas lo que se había gastado durante los diez años años en que José Barrionuevo y José Luis Corcuera desempeñaron la cartera de Interior. Esa cifra supera con creces lo que autorizó el Parlamento por ese concepto. Es decir, durante ese tiempo se habrían producido dos desviaciones presupuestarias a cual más grave: por un lado, se desvió hacia la cuenta de fondos reservados dinero procedente de otras partidas presupuestarias -posiblemente algunas cantidades procedentes de las multas de tráfico- y, por otro, se alteró el destino de los propios fondos reservados, que al menos en una buena parte se dedicaron a fines no contemplados en la ley.

Clarificar el variopinto uso dado a los fondos reservados -desde sobresueldos a la cúpula política y policial de Interior hasta la compra de joyas para regalos navideños, pasando por el pago de la defensa jurídica de policías y guardias civiles con problemas con la justicia- no es nada fácil. Tampoco lo es determinar con precisión su posible dimensión delictiva de acuerdo con los diversos tipos contemplados en el Código Penal. Con evidente acierto, la Fiscalía Anticorrupción establece el criterio básico que debe guiar a partir de ahora la investigación judicial: si los fondos reservados sirvieron o no para el enriquecimiento personal de quienes disponían o decidían sobre ellos.

Dentro de la reorientación de las pesquisas judiciales que propone la Fiscalía Anticorrupción, la principal tarea es rastrear las vías de conexión entre los fondos reservados y el patrimonio de sus posibles perceptores. De ahí que solicite una comprobación exhaustiva -incluso a través de las declaraciones del impuesto sobre la renta- de los bienes y propiedades de los ex ministros Barrionuevo y Corcuera, los ex responsables de la seguridad del Estado Rafael Vera y Julián Sancristóbal, el ex subsecretario José Luis Martín Palacín y los tres ex directores generales de la Policía Rafael del Río, José María Rodríguez Colorado y Carlos Conde Duque, así como de sus familiares y subordinados más directos. Sólo si aparecieran indicios delictivos referidos a Barrionuevo -algo que no se ha producido hasta ahora- el caso pasaría a ser competencia de la Sala Segunda del Supremo.

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El objeto principal de la investigación sumarial pasa a ser, por tanto, el eventual enriquecimiento personal de los responsables políticos, ya que el simple desvío de fondos reservados para fines distintos a los legalmente previstos carece de entidad delictiva, de acuerdo con el nuevo Código Penal, siempre que el destino, fuera de carácter público. La ilicitud penal de otros desvíos -en concreto, la compra de joyas por Corcuera para regalos navideños a esposas de altos cargos- es dudosa, aunque la Fiscalía Anticorrupción no la desecha en principio, al margen del rechazo social que merecen. Con la actual ley sobre regulación de los fondos reservados -respuesta necesaria y elemental al clima de impunidad y opacidad existente en el pasado- no es fácil que se repita el cúmulo de prácticas corruptas que configuran el denominado caso Interior. Pero quienes se hayan dedicado a saquear dichos fondos en beneficio propio habrán de responder de ello ante la justicia.

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