Las tasas de CiU
LOS NACIONALISTAS catalanes pretenden milagros en su apoyo al Gobierno del PP. Para empezar, que ese apoyo y las medidas por fuerza impopulares que el Ejecutivo tiene que tomar para que cuadren las cuentas del Estado con vistas a la moneda única europea no tengan coste para Convergéncia i Unió entre su electorado. Quizá por eso proponen para el resto de España medidas ya en vigor en Cataluña. En algunos casos pueden resultar incluso sensatas y dignas de un estudio en profundidad, pero no parece la forma más adecuada de actuar.CiU dice pretender que no se toque ni un pelo del Estado de bienestar, que se reduzca el déficit del Estado y que no se suban los impuestos, al menos los más visibles. Y que además se evite una continua reducción de los fondos destinados a inversiones en infraestructuras, porque ello perjudicaría el crecimiento y nos alejaría de las pautas de modernización que requiere la propia competitividad de la economía española. Para hacer tantas cosas a la vez, y algunas tan contradictorias, los socios catalanes del pacto de investidura de Aznar proponen generalizar al resto de España algunos de los tributos vigentes en Cataluña.
En la comunidad catalana prevalecen las autopistas de peaje, y en el área metropolitana de Barcelona el recibo del agua es muy superior al del resto de España porque, entre otras cosas, se paga un canon de saneamiento. Desde CiU se propone, en un guiño de, efectos difíciles de medir, que se extiendan los peajes de las autopistas a todas las autovías españolas y que se haga lo mismo con el precio del agua. Es decir, que el equilibrio se produzca por la aplicación a todo el territorio español de tasas ya vigentes en Cataluña. Por toda osadía, un consejero autonómico catalán propone que los estudiantes universitarios, también los de esa comunidad, paguen el importe real de lo que cuesta su carrera.
Peajes y tasas pueden significar en última instancia un aumento -más o menos encubierto- de la presión fiscal, algo que contradice el programa electoral del PP y que tendrá, sin duda, efectos inflacionistas. La propuesta de incrementar la factura del agua tiene, además, un carácter oportunista, es decir, surge de una necesidad recaudatoria y no de una política de precios respecto a un bien escaso en nuestro país como es el agua.
No es serio abordar el problema del, precio del agua de consumo doméstico por una cuestión casi contable de los próximos presupuestos del Estado y no entrar, en cambio, a fondo en la política hidráulica. Esto obligaría a plantearse el problema del desperdicio y de la ausencia de precios de mercado en el consumo de agua para regadío agrícola. Es la. agricultura la que desperdicia más agua por unas canalizaciones que dejan mucho que desear. Pero serían las zonas urbanas las que se verían esencialmente afectadas por los nuevos cánones. La campaña de objetores en Barcelona contra estas tasas del agua no presagia un buen futuro para esta propuesta. La solución a uno de los grandes problemas que tiene España pasa probablemente por aumentar de forma gradual el precio del agua en el conjunto del país, pero no mediante una tasa de urgencia para intentar cuadrar unos presupuestos sin que ello afecte al bolsillo de los electores catalanes.
