EE UU aplica por primera vez la "ley Helms-Burton" a una firma canadiense

Estados Unidos notificó ayer a los directivos y accionistas de la compañía minera canadiense Sherritt International que sus visados de entrada en este país serán denegados en aplicación de la ley Helms-Burton, que refuerza el embargo contra Cuba. Dicha ley sanciona a las empresas extranjeras que "trafiquen" en la isla con antiguas propiedades norteamericanas confiscadas por el régimen de Fidel Castro.

Estados Unidos ya advirtió el pasado mes de mayo a la compañía minera canadiense Sherritt International Corporation, la empresa de telecomunicaciones italiana STET Spa y al grupo mexicano Domos que corrían el riesgo de ser sancionadas por poseer propiedades confiscadas a ciudadanos norteamericanos después de la Revolución Cubana de 1959.El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Nicholas Burns, dijo ayer que se habían enviado cartas a "un puñado" de accionistas y directivos de una empresa extranjera -que se negó a identificar, aunque posteriormente fuentes diplomáticas revelaron su nombre- notificándoles que estaban "traficando con propiedades de EE UU confiscadas en Cuba, lo que está penado por el título IV de la ley Helms-Burton". A dichos directivos y accionistas no se les permitirá entrar en Estados Unidos a partir de que pasen 45 días desde que se les envió la carta, es decir, desde ayer, si la empresa no desiste de sus inversiones cuestionadas en Cuba.

El portavoz del Departamento de Comercio Internacional de Canadá, Charles Larabie, afirmó anoche que su Gobierno considera la medida "extremadamente frustrante" y que seguirá objetando una ley "ofensiva para el comercio internacional".

La ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Bill Clinton el pasado 12 de marzo, ha desatado las iras de Canadá, México -ambos miembros del Tratado de Libre Comercio- y diversos países de la Unión Europea. Pese a ser España uno de los países con mayores inversiones en la isla, el Gobierno del Partido Popular no ha elevado su voz contra dicha ley. Por el contrario, el ministro de Exteriores, Abel Matutes, recibirá, hoy a Jorge Mas Canosa, líder del principal grupo de oposición en el exilio al régimen de Castro, y uno de los más importantes impulsores de la ley.

La polémica ley será rechazada por los tribunales de EE UU y probablemente acabará en el Tribunal Supremo de ese país, según la opinión de un grupo de juristas norteamericanos que han participado en Sitges en un seminario sobre el embargo contra Cuba, informa Xavier Canalis. Los juristas -convocados por el Instituto de Relaciones Europeo Latinoamericanas (IRELA, con sede en Madrid) y por el Center for Intemational Policy (con sede en Washington DC- aseguran que la aplicación de la ley provocará además "un caos en el sistema jurídico de EE UU", según dijo Wolf Grabendoff, director del IRELA.

Secuestro del avión

Por otra parte, fuentes oficiales cubanas aseguraron ayer que el militar cubano que secuestró el domingo un avión con una decena de pasajeros y lo hizo aterrizar en la base estadounidense de Guantánamo, estaba acusado de robo e iba a ser juzgado por este delito. Según la versión oficial cubana, José Fernández Pupo, de 52 años, era teniente coronel del Ministerio del Interior, y en febrero fue destituido por robar 50 dólares (unas 6.500 pesetas) de los fondos que su ministerio dedica a comprar alimentos. Dichas fuentes indicaron que el militar, que ha pedido asilo político en EE UU, no había sido detenido tras su cese, pero sí degradado, informa Mauricio Vicent.El caso de Fernández Pupo se suma al de otros cuatro cubanos que en los últimos 10 días han pedido asilo político en EE UU. Tres de ellos son deportistas de élite, miembros del equipo cubano en los Juegos de Atlanta. El cuarto es el periodista disidente Indamiro Restano, quien ya llevaba fuera de Cuba varios meses autorizado por el Gobierno de su país.