Las principales clínicas privadas valencianas rechazan los precios de Sanidad para reducir las listas de espera

Sólo tres clínicas de Valencia, tres de Castellón y cuatro de Alicante han aceptado los precios de la Consejería de Sanidad para empezar a operar a los más de 33.000 pacientes que llevan tres meses en lista de espera. El plan de choque anunciado el pasado mayo, que prevé solucionar esta demora en un plazo de seis a ocho meses, se concretó ayer al hacer público el listado de precios por operación, que contempla una reducción media del 25% sobre las tarifas habituales, y que, para sorpresa del consejero Joaquín Farnós, ha sido rechazado por algunas de las clínicas valencianas de más peso, como el grupo NISA (propietario del 9 D'Octubre, la clínica Virgen del Consuelo y la clínica Valencia al Mar).Farnós valoró "muy positivamente" que cerca de 1.000 personas (de las 28.152 que ya han recibido una carta sobre la posibilidad de operarse por lo privado), hayan respondido "a vuelta de correo" solicitando esa intervención. La experiencia del envío de enfermos a la privada por la vía del concierto demuestra que el 40% renuncia a la operación, lo que significa, según Farnós, que no habrá que invertir los 3.000 millones anunciados inicialmente. El consejero Ilegó a sugerir que bastarán 1.000 millones.

Las tarifas acordadas entre Sanidad y los centros que se han acogido al plan de choque cifran en 90.000 pesetas la operación de hernia inguinal (125.000 la bilateral), 158.000 la colelitiasis (piedras en la vesícula), 90.000 los transtornos internos de rodilla (152.000 los ligamentos), 76.000 el hallus valgus (juanetes) y 90.000 las cataratas. Todas estas patologías menores, que no suponen peligro para el paciente, son las que encabezan la lista de espera, con hemorroides y amígdalas.

Sobre si el decreto puede chocar con la ley de incompatibilidades o contravenir las normas de la Seguridad Social, Farnós dijo: "Reintegraremos los gastos a las clínicas, que se encargarán de contratar a quien les parezca, pero los médicos del Servei Valencià de Salut que tengan exclusividad no deben realizar esas intervenciones por una cuestión ética". El consejero recordó que en un país libre "cualquier funcionario puede trabajar donde quiera fuera de horario", por lo que no descarta que sea el personal del SVS el que realice esas intervenciones, pues las clínicas apenas disponen de plantilla fija. El aumento salarial pactado tras el fin de la huelga de 1995 (46.000 pesetas al mes) tenía como contrapartida para el médico "colaborar en la reducción de las listas de espera".