Las instituciones forales nunca investigaron graves ilegalidades detectadas en la adjudicación de obras

La Cámara de Comptos de Navarra, órgano fiscalizador de esta comunidad equivalente al tribunal de cuentas, denunció en 11 informes iniciados en julio de 1992 las gravísimas irregularidades e ilegalidades con que el Gobierno del socialista Gabriel Urralburu, en el que ejercía como consejero de Obras Públicas Antonio Aragón habían venido adjudicando y pagando entre 1987 y 1991 grandes obras públicas. Estas adjudicaciones sirvieron de base para la red del cobro de comisiones ilegales que, años después, el 1 de diciembre de 1995, llevaría a prisión a ambos ex mandatarios.

Urralburu y Aragón están acusados de un presunto delito continuado de cohecho. Pero el asunto fue más lejos. Hace dos semanas desembocó en la dimisión como jefe del Gobierno foral del también socialista Javier Otano, al descubrirse que mantenía una cuenta corriente secreta en Suiza.Pese a los informes de la Cámara de Comptos, los grupos del Parlamento navarro demostraron escaso celo en la investigación de las irregularidades, que acabarían en sonado escándalo y una grave crisis política.

El trabajo de los 30 profesionales que integran la Cámara de Comptos, presidida por Francisco Javier Tuñón, puso de manifiesto, mucho antes de que estallase la denominada trama navarra del caso Roldán, el despilfarro de millones sin justificar y la vulneración sistemática de las leyes de contratación.

También sacó a la luz, con datos concretos, la absoluta arbitrariedad con que el Gobierno de Navarra, en manos del PSOE adjudicaba grandes proyectos como la autovía Pamplona-San Sebastián, la Ronda Este de Pamplona o la construcción de las instalaciones de la nueva Universidad Pública de Navarra. Más aún, señalaron que todo apuntaba a un clima de corrupción que nadie parecía interesado en aclarar.

Un Gobierno de Unión del Pueblo Navarro (UPN), formación de la derecha regionalista más conservadora, federada con el Partido Popular, sustituyó en 1991 a los dos gabinetes de Urralburu, pero nunca investigó las denuncias de la Cámara de Comptos.

El Parlamento de Navarra conoció todos los informes, pero sólo una vez, con ocasión del documento sobre las irregularidades de la Ronda Este de Pamplona, llamó a comparecer al responsable del organismo fiscalizador de las cuentas públicas para obtener una información más exhaustiva de la situación.

Reacción tardía

El legislativo navarro nunca se puso de acuerdo para exigir responsabilidades por las anomalías detectadas y sólo en la primavera de 1994, cuando el escándalo Roldán había saltado ya a la luz, formó una comisión para determinar si había existido trato de favor en Navarra hacia las empresas Huarte e Hispanoalemana. El tiempo ha permitido averiguar que el trato de favor fue idéntico para todas las constructoras que pagaron comisiones.Fue también entonces cuando el Gobierno de UPN decidió prestar algo de atención a la Cámara de Comptos y, en virtud de sus recomendaciones, aprobó un paquete de medidas para dar transparencia a las adjudicaciones y controlar el gasto. La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra no fue tampoco ajena a la solitaria travesía del desierto del órgano fiscalizador.

El juez Juan Manuel Fernández, verdadero descubridor de la trama del cobro de comisiones en la comunidad foral, solicitó hace más de un año a la Cámara de Comptos sus informes sobre aquellas obras. Alguno de ellos había sido enviado años antes a la fiscalía, donde durmió el sueño de los justos.

"La inhibición de los funcionarios es el caldo de cultivo de los corruptos", ha señalado Tuñón meses después de que toda la cúpula del departamento de Obras Públicas en la etapa socialista declarase ante el juez que los informes técnicos y los baremos de aquellas obras eran un simple juguete cambiante, obediente siempre a las órdenes de adjudicación previamente dictadas por Aragón.

Nadie lo denunció nunca. Cuando Francisco Tuñón tomó posesión de su cargo, el 24 de enero de 1992, anunció que su primer objetivo sería "evitar que la aplicación de las normas excepcionales en la contratación fuera lo habitual".

Dicho y hecho. Su institución se puso manos a la obra y apenas unos meses después emitió su primer informe fiscalizador, el relativo a uno de los grandes anillos de circunvalación de Pamplona, adjudicados por el departamento de Obras Públicas que dirigía Aragón.

El resultado era inquietante: la Ronda había costado 3.193 millones más de lo previsto. Es decir, un 57% por encima del precio de adjudicación que Agroman, Cubiertas y Mzov y Hasa se habían comprometido a gastar. Las desviaciones de gasto superaban el 60% y nadie había pedido explicaciones, sin olvidar una peligrosa e irregular apertura al tráfico el 28 de abril de, 1991 por razones de proximidad de la campaña electoral.

En junio de 1993 se presentó el informe de fiscalización sobre la autovía de Leizarán entre Navarra y Guipúzcoa, una de las obras de las que se obtuvieron sustanciosas comisiones que fueron a parar a la contabilidad suiza de Roldán. La carretera había costado en su tramo navarro 36.010 millones en aquel momento, un 138% más de lo previsto, que era 15.118 millones.