Adjudicaciones directas en el 85% de los casos

En octubre de 1993 se conoció el informe de la Cámara de Comptos sobre otra de las grandes obras que sirvieron presuntamente a Gabriel Urralburu y Antonio Aragón para obtener comisiones ilegales, la Universidad Pública de Navarra. La Cámara halló un incremento de gasto sobre el previsto de 1.314 millones hasta diciembre de 1992.Sólo un 36% de, las modificaciones presupuestarias se debían a deficiencias del proyecto. El resto se explicaba por la extraña indefinición de las necesidades universitarias. Siguiendo su cruzada, Francisco Javier Tuñón acudió el 13 de abril de 1994 a la comisión de Economía y Hacienda del Parlamento para explicar los resultados del análisis de las cuentas de Navarra de 1992, el primer año de la gestión de UPN.

Insistió en que la adjudicación directa era utilizada en el 85% de los casos, y la desviación media de las contrataciones de grandes obras seguían siendo del 24%. "La Administración no se ha tomado en serio el tema y no tenemos constancia de que se hayan abierto procedimientos para estudiar estos casos", señaló Tuñón.

El Gobierno de UPN no sólo guardaba silencio, sino que meses antes, en diciembre de 1993, se negó a participar en unas jornadas técnicas sobre contratación de obras públicas organizadas por la Cámara para intentar sensibilizar a los poderes públicos. "No existió reacción", repite ahora Tuñón.

"Estaba en los papeles"

"La ley no exige esa reacción, bien es cierto", añade, "ya que lo único que pide es que los informes técnicos que emitimos sean públicos y brinda a los partidos la posibilidad de exigir nuestra comparecencia para explicarlos. Pero la realidad estaba en esos papeles y nadie parecía enterarse que dejaban entrever lo que después saltó a la luz".A raíz de la denominada "comisión Huarte" de investigación parlamentaria sobre la vinculación del testaferro de Roldán, Jorge Esparza, con la empresa navarra, y la tarea asesora que había realizado con Urralburu y Aragón, el Gobierno de Juan Cruz Alli dio un giro y en mayo de 1994 aprobó medidas para dar "transparencia, publicidad e igualdad" a las adjudicaciones.

En octubre de 1994 la Cámara de Comptos elaboró un informe para la comisión parlamentaria de estudio de la reforma de la contratación administrativa de Navarra afirmando que la reforma de la legislación contractual era ineludible. Tras la aprobación por el Estado, el 18 de mayo de 1995, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la comisión navarra requirió un segundo informe al órgano fiscalizador para coordinar ambas leyes. El Parlamento de Navarra, en 1996, aún no ha aprobado la nueva ley foral de Contratos.