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Tribuna:

Religión en la escuela:, historia de un compromiso

La posibilidad de que la Religión sea de nuevo una asignatura en el sistema educativo español ha reabierto una vieja polémica. El autor del artículo defiende la neutralidad total del Estado en materia religiosa.

Somos muchos los ciudadano que defendemos que la escuela no es el lugar propio para la enseñanza de la religión. Esta solución sería, obviamente, la más respetuosa con la neutralidad del Estado. Es la opción de países como Francia, el Reino Unido y los EE UU, que no s distinguen precisamente por su falta de respeto a la libertad de los ciudadanos.Pero la historia de España está plagada de conflictos sociales que tienen por causa la la llamada cuestión religiosa.Y hete aquí que otra vez tenemosplanteado el problema a cuenta de uno de los aspectos más sensibles en la relación del Estado con el fenómeno religioso: si la religión debe enseñarse en la escuela y en qué condiciones. Es una cuestión que conviene explicar.

En efecto, nada más promulgarse la Constitución se hicieron públicos un conjunto de acuerdos con la Santa Sede que sustituían al anacrónico Concordato de 1953. Habían sido negociados en paralelo y sin esperar a la conclusión del texto constitucional y, aunque ofrecen puntos críticos, fueron apoyados para su ratificación en el Congreso por el PSOE, todos salvo el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales. Este texto, entre otros méritos, prevé la enseñanza de la religión católica en todos los niveles educativos de todos los centros docentes no universitarios en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.

El sistema diseñado recibe ya una primera concreción en 1980: aparece una asignatura alternativa, llamada Ética y Moral, que es obligatoria para quienes no quieran cursar la asignatura de Religión. Ambas, Religión y Ética, son evaluables a todos los efectos. Ésta es la situación que encuentra la Logse cuando tiene que enfrentarse con la regulación del problema,

Los socialistas pensábamos que una opción personal para cursar Religión no podía producir obligaciones de otro signo para quienes no lo deseen. Estábamos convencidos también de que los contenidos básicos del comportamiento personal y de la convivencia ciudadana, que son los elementos fundamentales de la ética, debían ser impartidos, en lo que tuvieran de formativa, para todos los estudiantes, y no sólo para aquéllos que no quisieran estudiar religión: todos somos ciudadanos.

Por estas razones, había que excluir la existencia de una asignatura alternativa. Por eso en Alemania los alumnos tienen, sin más, el derecho de ser declarados exentos; por eso, en Italia se tipifica como inconstitucional una alternativa considerada como obligatoria. Y por estas razones también, la ética pasó a constituir un bloque didáctico en un curso de la educación secundaria, en tanto que algunos de sus contenidos se situaron (le manera transversal en los correspondientes lugares del currículum.

Era preciso, sin embargo, ubicar a cuestión con equilibrio. Para evitar que de nuevo surgiera la vieja cuestión religiosa, se, previó que, durante la clase de Religión, quienes no hubieran optado por ella estarían sujetos a una hora de estudio asistido por un profesor. Consecuentemente con la ausencia de una alternativa formal -una asignatura- la Religión podrá ser evaluada, pero las calificaciones no serán tenidas en cuenta para la selectividad o la obtención de becas, sopena de discriminación.

Muchos pensaron también en nuestros compañeros, que el sistema flaqueaba por la existencia de una alternativa por mínima que fuera. Es preciso reconocer, sin embargo, que la solución no podía partir de cero, una vez que en 1980 se había. optado por el sistema Ética-Religión. El Gobierno quiso mantener, a pesar de no haberlo apoyado, el. Acuerdo sobre la Enseñanza. De poco sirvió. La iglesia católica sostuvo, incluso, la interpretación de que el Gobierno no estaba legitimado para regular esta cuestión de modo unilateral.

El sistema previsto fue finalmente recurrido por determinadas entidades relacionadas con la enseñanza confesional. El Tribunal Supremo emitió sucesivas sentencias entre los meses de enero y julio de 1994.

Y aquí llega la sorpresa. El Tribunal no dio la razón a los recurrentes en su intento de volver a la asignatura Ética. Pero anuló determinados supuestos de los decretos que desarrollaban la Logse porque, según los magistrados, producían discriminación. Eso sí, a la inversa de como se venía defendiendo por los impulsores de la alternativa. Resultaba ahora que aquellos jóvenes obligados al estudio asistido porque sus compañeros querían estudiar religión, se encontraban en mejores condiciones para afrontar las pruebas de las diferentes asignaturas, es decir, estudiaban en tanto que otros. recibían clase de religión. Mientras las notas de unos no cuentan para la selectividad, otros pueden mejorar su preparación con el estudio de las llamadas "enseñanzas mínimasDe nuevo se abre el problema, siquiera sea por un camino de difícil explicación. Después de estudiar la cuestión, el Gobierno optó por ofrecer todavía una fórmula de compromiso, pero no se llegó a nada. La postura de la Conferencia Episcopal iba dirigida a crear un área de conocimiento, con dos opciones: una confesional y otra de cultura religiosa, a elegir. Ambas opciones serían evaluables. También aparece en la discusión la idea de la falta de competencia del Estado para regular cuestiones sometidas a un pacto internacional, y ello a pesar del dictamen del Consejo de Estado en sentido contrario.

'Esta posición se consideró inaceptable por varios motivos. Entrañaba una vuelta a la alternativa ética, con ése u otro nombre, que suponía una injustificada lesión de los derechos individuales; la evaluación implicaba vulnerar el principio de igualdad.

Y así llegamos a la solución vigente hoy. La Religión es asignatura de oferta obligatoria por los centros y voluntaria para los alumnos. No es evaluable cuando de las calificaciones puedan derivarse consecuencias discriminatorias para los demás estudiantes. Durante la clase de Religión, los alumnos que no deseen cursarla asistirán a actividades de estudio no incluidas en las enseñanzas mínimas que, naturalmente, no son evaluables.

Miembros de la comunidad educativa y personas del mundo de la cultura han sostenido que no es bueno ni posible entender una civilización sin conocer el componente cultural que el factor religoso significa. Esta es la idea de base que nos impulsó a decidir que en dos cursos de la educación secundaria la mencionada actividad de estudio versaría en concreto sobre las manifestaciones escritas, plásticas, musicales... del sentimiento religioso que permitan conocer su influencia en la cultura de las distintas épocas. La definición del contenido de estos dos cursos fue encargada a una comisión de personas independientes de la administración educativa, cuya cualificación y criterio nadie puede dudar: Gregorio Peces Barba, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Victoria Camps, Olegario González de Cardedal y Pedro Martínez Nontávez.

Parece muy claro que la solución en su conjunto es bastante diferente a la caricatura del juego de parchís con que se ha querido definir el sistema, que todavía ha sido utilizado por el presidente del Gobierno el pasado jueves, sin caer en la cuenta de que el mismo criterio se aplicó en Galicia, que tiene competencia plena en materia educativa.

Excuso decir que todo este planteamiento fue nuevamente recurrido, en esta ocasión por los propios obispos. Con la llegada al Gobierno del PP, soplan otros vientos. Se ha anunciado que se revisará el sistema. Habrá asignatura alternativa de carácter obligatorio. Según nos van acostumbrando en tantas cosas, primero se dijo que la religión sería evaluable; luego, que el asunto está en estudio y habrá que esperar una decisión. Ya se verá.

Sea como fuere, nadie puede negar el esfuerzo de los gobiernos socialistas, a que hace poco aludía Santos Juliá desde estas páginas, para evitar que la cuestión religiosa sentara sus reales otra vez en España.

Pero en política conviene hacer de la necesidad virtud. Quizá, a la postre, llegue a plantearse ante el Alto Tribunal la constitucionalidad del Acuerdo sobre enseñanza, por la que algunos apostamos. Si tal pronunciamiento se produjera, será muy difícil que los socialistas optemos por otro sistema que no sea aquél, limpio de adherencias y exento de artificiosidades, que mejor se corresponde con la neutralidad del Estado en materia religiosa.

¿O es que tenemos que ser, en materia de derechos y libertades, diferentes de Francia, Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido e Italia?Gustavo Suárez Pertierra, diputado socialista, ha sido ministro de Defensa y de Educación y director de Asuntos Religiosos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de junio de 1996

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