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Bruselas permite a Cablevisión dar servicio en doce ciudades

La UE estudia ahora otras trece localidades

La Comisión Europea dispensó el pasado lunes a Cablevisión de la obligación de suspender sus actividades y le autorizó a prestar servicios a la Compañía Telefónica en doce ciudades en las que ésta última realiza operaciones de televisión por cable.Se produce así un paso significativo en el expediente relacionado con Cablevisión, una sociedad constituida por Telefónica y Sogecable, que en mayo pasado notificó su concentración a los servicios comunitarios de la Competencia, dependientes del comisario Karel van Miert.

Las ciudades en las que Bruselas autoriza a operar a Cablevisión son las siguientes: Alcorcón (Madrid); Alicante; Baracaldo, Getxo y Leioa (Vizcaya); Barcelona, Burgos, Lleida, Murcia, Palma de Mallorca; y las de Chiclana y Sanlúcar (Cádiz). La Comisión Europea ha declarado también su intención de estudiar la autorización para dar servicios a Telefónica en otras trece localidades, si ésta consigue el informe favorable de los ayuntamientos correspondientes.

Bloqueo judicial

Las buenas noticias de la Comisión Europea para Cablevisión se producen, no obstante, en medio de una situación compleja, debido a la decisión que un juez de Madrid tomó la semana pasada para prohibir a la Compañía Telefónica la utilización de los medios adscritos al servicio telefónico en cualquier otro uso, incluido el de la televisión por cable.

Esas medidas se contienen en el auto dictado el pasado día 19 por Ángel-Vicente Illescas Rus, juez número 55 de primera instancia de Madrid, quien empleó sólo once días para acceder a una petición de la empresa Cableuropa (Véase EL PAIS de los pasados días 21 y 22), en el sentido de que la Compañía Telefónica debía de paralizar toda actividad en materia de televisión por cable. Cableuropa, que participa en 29 sociedades de cable en España, está controlada por los bancos Santander y BCH y el grupo estatal ENDESA. Su presidente, Eugenio Galdón, es también el consejero-delegado de la cadena COPE, propiedad de la Iglesia Católica.

Además de la decisión judicial instada por Cableuropa contra Telefónica, el Gobierno ha introducido una reforma legislativa en materia de telecomunicaciones que retrasará aproximadamente en ocho meses los concursos para la adjudicación de operadores de cable, según reconoció ayer el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de junio de 1996