Fraga ahoga por cerrar el 'caso GAL "inteligentemente con una ley"

El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, considera que la prolongación innecesaria del caso GAL sólo favorece a los terroristas y, en consecuencia, abogó por que se termine con este tema "de forma inteligente, con arreglo a la Constitución y con una ley".En declaraciones a la COPE, Fraga se refirió al último atentado de ETA, que mutiló en San Sebastián a Santiago Leceta, empleado de la patronal guipuzcoana Adegi, e insistió en la importancia de que el asunto del terrorismo se ponga fuera de la ley internacional y que se distinga entre el antiguo crimen político y la actual "agresión constante a personas inocentes".

Según Fraga, los etarras únicamente pretenden crear escándalo y mantener viva una lucha que está "absolutamente perdida" porque la realidad es que ni los vascos ni el conjunto de los españoles la quieren. Por consiguiente, prosiguió, eso tiene que acabar: "Me parece que es hora ya de que no haya ni una voz discrepante y de que los que desde Herri Batasuna (HB) y otros sitios semejantes sigan haciendo el caldo gordo tienen que ser puestos fuera de la ley".

En relación con la política de acercamiento de los presos de la banda criminal a las cárceles situadas en el entorno del País Vasco, en un radio de 300 kilómetros, Fraga manifestó que comparte la idea de que "las familias no tienen por qué ser perjudicadas, porque no tienen la culpa". Pero también recalcó que los terroristas arrepentidos deben ser alejados de la "presión lamentable con la que siguen amenazándoles sus propios ex partidarios", como se demostró en su día con el asesinato de la dirigente de la banda María Dolores González Catarain, Yoyes.

Por otra parte, Fraga admitió ayer que en 1994 escribió una carta al entonces jefe del Estado de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, recomendando a una empresa gallega que optaba al concurso para la adjudicación de la red de suministro de aguas de Montevideo. Informaciones periodísticas publicadas en Uruguay vinculan a esa empresa con un caso de supuesta corrupción de funcionarios públicos.