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Tribuna:DEBATESLas nuevas medidas ¿reactivarán la economía?

Llega la modernización

Entre las primeras medidas económicas adoptadas por el Gobierno, los especialistas destacan como más relevantes las referidas a la fiscalidad y a la liberalización de algunos sectores, en un conjunto variado de resoluciones de distinto alcance y nivel. ¿Servirá el cambio de orientación que estas decisiones pretenden impulsar para reactivar la economía? ¿Cuál será su previsible efecto con vistas al cumplimiento de los criterios de convergencia fijados por el Tratado de Maastricht? ¿Constituyen el comienzo de una reforma profunda de la economía española? Y, en definitiva, ¿cuál será su incidencia sobre la generación de empleo? En estas páginas se intentan algunas respuestas a estas preguntas cruciales.

La economía española se tiene que enfrentar a dos retos históricos que requieren respuestas de política económica muy similares. En primer lugar, la integración en un entorno económico mundial distinto al de hace apenas unos años, en el que los cambios se suceden a mayor velocidad y, en consecuencia, el éxito de las economías está directamente relacionado con su capacidad de adaptación. La creciente globalización de la economía mundial, el dinamismo de la innovación tecnológica y la aparición de un grupo de naciones dispuestas a participar plenamente en el juego de la competencia se manifiestan con la fuerza de los signos de los tiempos. En segundo lugar, España debe y puede incorporarse a, la primera fase de la Unión Económica y Monetaria, pues permanecer fuera podría sembrar de incertidumbres el futuro de nuestra economía.La política económica necesaria para afrontar con garantía estos retos debe ser el reflejo de una estrategia clara de corrección definitiva de nuestras principales deficiencias estructurales. Sus ejes fundamenteles tienen que ser la estabilización macroeconómica-que implica reducir la inflación hasta los niveles de los países de nuestro entorno y equilibrar las cuentas del sector público- y la liberalización de los mercados, aislados de la competencia por una férrea regulación que perjudica la eficiencia asignativa y dificulta el crecimiento estable y generador de empleo.

El remedio no está en las políticas de demanda para impulsar la actividad, sino al contrario, lo apropiado es mantener la moderación salarial, por su saludable influencia en el empleo, y asegurar que el déficit público no subirá del 4,4% del PIB en 1996 ni del 3% el próximo ejercicio. Para lograr estos objetivos no se puede aumentar la presión fiscal, sino recortar el gasto -tal y como acaba de hacer el nuevo Gobierno y actuar con firmeza en las causas estructurales de su desmesurado incremento. La independencia del Banco de España evitó el pasado año fuertes elevaciones de los tipos de interés cuando repuntó la inflación. Con este mismo rigor se administra ahora la bajada de tipos, pues su objetivo es la estabilidad de precios.

La modernización de la economía española obliga a reformas estructurales profundas, tal y como ha comprendido perfectamente el actual Gobierno, que ha comenzado su andadura con las medidas aprobadas los pasados 7 y 14 de junio. Éstas, aunque son muy positivas, deben ser punto de partida, no de llegada, de la liberalización de nuestra economía y significan un cambio radical en la política económic aplicada por el Gobierno anterior. Afortunadamente no se trata de políticas de demanda, sino básicamente de reforma estructural.

Se apuesta por la economía productiva generadora de empleo. Son positivas las reducciones en los módulos impositivos de las pymes y las exenciones a la generación de empleo estable. Es de destacar también el tratamiento que se ha dado a sucesiones y transmisiones mortis-causa, lo que abaratará las transmisiones de empresas familiares y, por tanto, su supervivencia y modernización. Pero la medida más importante es, sin lugar a dudas, la actualización de balances. Afecta a las revalorizaciones que se puedan producir desde 1983 -última actualización- y se refiere al inmovilizado material, no al inmaterial ni al financiero, estableciéndose un canon del 3% sobre las mismas.

Para potenciar el ahorro y lograr que se invierta con criterios de eficiencia, el Gobierno establece un tipo general del 20% para las inversiones que se realicen en el futuro. Para las inversiones anteriores se duplican los coeficientes correctores, tanto para la renta variable como los fondos de inversiones. También concede mejor tratamiento a la doble imposición, tanto la interna como la exterior. En este último caso queda exento el ciento por ciento de los impuestos abonados en el extranjero, lo que favorecerá sensible mente la inversión exterior.

Se inicia el camino liberalizador en beneficio del conjunto de los consumiddores y de la actividad económica, y en detrimento de las situaciones de privilegio perturbador.

Las modificaciones en la Ley del Suelo van a aumentar la oferta del terreno. En una primera aproximación se ha estimado que pueden representar una reducción del precio de la vivienda. del 2%, que también beneficiará al establecimiento de empresas. Hay que destacar el incremento de la competencia en las telecomunicaciones y en las redes de TV. Las medidas liberalizadoras en el régimen de farmacias y servicios públicos municipales, la colegiación única de los profesionales. para ejercer en todo el territorio y la eliminación de las -tarifas mínimas, y, en fin, la elevación del rango legal de las normas que limitan la competencia, lo que lógicamente la beneficiará.

En definitiva, España se juega en los próximos dos años su futuro, tanto en la Unión Económica y Monetaria como en la nueva economía globalizada. El nuevo Gobierno tiene capacidad y decisión para seguir acometiendo medidas necesarias que nos permitirán aumentar nuestra competitividad e incorporamos a la primera fase de la UEM, puesto que a medio y largo plazo mostrarán sus efectos positivos sobre la es tabilidad económica. Sin embargo, su potencial también se manifiesta a Corto plazo, al estar provocando una reacción positiva de los mercados financieros, que se concreta en bajada de los tipos de interés, lo que incide muy positivamente en el crecimiento. Esta modernización de nuestra economía también trasciende a la finalidad que imponen los objetivos próximos y se orienta hacia un sistema económico que conceda más protagonismo a la iniciativa privada y establezca con mayor rigor los limites de la función ordenadora y supervisora del Estado, y permita el tránsito de una economía de transferencias a una productiva generadora de empleo.

Juan E. Iranzo Martín es director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de junio de 1996