Popurrí de medidas al gusto popular

Después de un periodo marcado por la indecisión y algunos comportamientos que parece lógico atribuir a los hábitos adquiridos en una larga etapa de oposición, el Gobierno aprobó el 7 de junio un paquete de medidas que ha presentado como su respuesta inicial a las necesidades de reactivación y liberalización de la economía española. Su tardanza ha contribuido a aumentar las sospechas, ya bastante extendidas, de que no existía un programa económico de aplicación inmediata tras el acceso al poder. Las medidas clave son de carácter fiscal, aunque hay otras, también relevantes, orientadas a liberalizar parcialmente algunos segmentos (telecomunicaciones, suelo, colegios profesionales, energía ... ) de la economía española. Con ellas pretende el Ejecutivo demostrar, por vía de urgencia extraparlamentaria, que está gobernando, así como reanimar el pulso de una economía que presenta síntomas de desaceleración, particularmente en la industria y la construcción.Lo primero que conviene aclarar, por tanto, es si nuestra economía necesita medidas reactivadoras. Los expertos sostienen que estamos atravesando una pausa en la recuperación económica de la Unión Europea, y aunque algunos recortes drásticos de las previsiones de crecimiento para este año, sobre todo en Alemania, han levanta do algunas sospechas, siguen apostando por un segundo semestre más halagüeño. En cuanto al caso español, tampoco han asomado los desequilibrios que tradicional mente siegan de cuajo la recuperación económica u obligan a enfriar nuestra economía apenas se pone a tono. El sector exterior goza de buena salud, la inflación subyacente sigue bajando, y lo mismo están haciendo el déficit público y los tipos de interés. La situación financiera de las empresas y familias es también mucho más boyante que en anteriores ciclos, lo que cierra un cuadro tan favorable y atípico por estos la res que anima a los observadores internacionales a concedernos la categoría de país europeo con mayores posibilidades de crecimiento en los próximos 18 meses. Quejarse en estas circunstancias de la herencia económica que dejó el anterior Gobierno forma parte del ritual del cambio político, y por eso es disculpable, pero equivale a mostrarse enfadado con las buenas noticias. Lo razonable, en estas circunstancias, es que la política económica concentre sus esfuerzos en sostener y reforzar la tendencia convergente iniciada por las variables macroeconómicas en el camino de España hacia la Unión Económica y Monetaria (UEM), asegurar su llegada en tiempo y manera, de jando lo demás, fuegos artificiales y atención a la clientela, para mejores momentos. De este modo se pondrían también las bases para una futura y larga etapa de crecimiento sostenido. Lamentablemente, los ciclos económicos siguen una trayectoria misteriosa, no se reconocen unos en otros y tienen entresijos tan complejos como la vida misma, por lo que siempre requieren vigilancia intensiva. Hay que ser cuidadosos hasta con las dosis inoculadas de fomento, por utilizar una palabra rescatada por el actual Gobierno del arcón del abuelo. Por eso conviene, sobre todo, valorar si el paquete de medidas contribuye a alcanzar los objetivos de convergencia que todos, menos Julio Anguita, consideramos prioritarios.

Entre las medidas fiscales, vendidas como fuente movilizadora del ahorro hacia la inversión productiva, el consumo y el empleo, hay que distinguir las que efectivamente pueden tener alguno de esos efectos de aquellas que constituyen la primera carta de agradecimiento al electorado sociológico del PP y CiU. Entre las primeras hay que celebrar la nueva fiscalidad de las sociedades y fondos de capital riesgo, así como las facilidades concedidas para la actualización de balances, que tendrán un gran coste recaudatorio. Entre las otras, las del guiño poIítico, el tratamiento que se otorga a la tributación de las plusvalías del ahorro y al rendimiento neto de actividades sometidas a módulos del método de estimación objetiva del IRPF suponen una clara redistribución de la carga tributaria de este importante impuesto en favor de los que Galbraith llama, estratos contentos de la sociedad y en contra de los contribuyentes más infortunados. En cuanto a los más ricos o satisfechos, nos conformaremos con agradecerle a Cristóbal Montoro, imaginado simpatizante de la Escuela de Chicago, que les haya identificado como herederos directos de la conciencia fiscal de Al Capone. En lo que respecta al consumo, todavía renuente, las medidas; son inocuas. Se avanzaría mucho más en este propósito si el Gobierno consigue reducir la apreciable diferencia existente entre la rapidez con que los bancos y cajas reajustan. las caídas de los tipos de interés en la remuneración a las cuentas de pasivo y el retardo con que trasladan los descensos del precio del dinero a los créditos y demás operaciones activas. En estos momentos, pese a la dura competencia establecida en el sector, la diferencia entre el precio oficial del dinero y el de los préstamos preferenciales supera los dos puntos de media; y en el caso de los créditos al consumo a un año, los más utilizados para adquirir automóviles y bienes domésticos, el diferencial alcanza los seis puntos.

El conjunto de medidas fiscales tendrá también un coste para la Hacienda que repercutirá negativamente en el déficit público los próximos meses. La cabriola sin red sobre la desprestigiada curva de Laffer que estos días hemos visto dar a quienes imaginan que la mayor movilidad teórica del ahorro familiar (derivada del nuevo tratamiento fiscal) conducirá una parte importan-te del mismo hacia la inversión productiva y, por ende, a la creación de empleo y al aumento de los ingresos fiscales no es otra cosa que una exaltación gratuita de la capacidad de suposición que se nos atribuye maliciosamente a los economistas. Es una lástima que el envío hacia el extremo de la legislatura de la supresión del impuesto de matriculación de automóviles, hasta que la providencia y las cuentas públicas lo permitan, no haya servido de ejemplo en otros ámbitos. Las presiones van a seguir, en la línea de la petición de la CEOE de "otras muchas medidas, de mayor calado, para que desemboquen en una generación masiva de empleo". No obstante, es posible que Espinosa de los Monteros y Rafael Termes consigan que hasta Cuevas parezca muy centrado. Las medidas liberalizadoras tienen mejor aspecto, al menos a primera vista, por, cuanto abordan varias reformas estructurales largamente demandadas y resuelven ciertas situaciones anacrónicas, como la de las farmacias. Algunas figuraban ya en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales que populares y convergentes impidieron aprobar en diciembre del año pasado, pero esto no desmerece la iniciativa. Quedan, eso sí, algunas dudas sobre la liberalización real que represente pasar del monopolio al duopolio en telecomunicaciones, lo mismo que sobre el carácter independiente de un órgano regulador del sector en el que todos los miembros los nombra el Gobierno; lo único seguro es que han sido legalizados los concursos de cable convocados irregularmente por ayuntamientos gobernados por los populares y que el decreto-ley no le ha gustado a CiU, luego se revisará. Las dudas razonables se extienden también al verdadero significado de la resignación casi franciscana con que algunos gremios, otrora aguerridos, han saludado la colegiación única y la supresión de honorarios mínimos. E incluso hay quien sostiene que la eliminación de los precios máximos del gasóleo no conduce inexorablemente al incremento de la competencia y puede contribuir al aumento de los precios máximos en algunas zonas de territorio nacional.

Respecto a los cambios en la Ley del Suelo, es más que discutible si la reducción del porcentaje de suelo cedido a los ayuntamientos producirá una disminución del precio de la vivienda (la experiencia catalana parece desmentirlo) o conducirá a una mayor retención especulativa de suelo (o la traslación de esa cuota al sector privado, porque también los ayuntamientos especulan lo suyo) y a la construcción de menos viviendas sociales, como han señalado bastantes alcaldes. Finalmente, la nota de color la ponen los servicios mortuorios, que podrán ser pronto de provisión privada.

En resumen, el popurrí de medidas adoptadas por el Gobierno no tendrá previsiblemente un efecto positivo apreciable para la convergencia de la economía española en la CEM, y algunas de ellas pueden ser un obstáculo adicional para la reducción del déficit público. Pese a ello, la rentabilidad política obtenida por el Ejecutivo parece fuera de toda duda, y el método de discriminación de los ciudadanos seguido en este caso puede ser un simple avance de su estrategia futura: obsesionado como está con no ser calificado de antisocial, el Gobierno ha preferido elegir a los beneficiarios directos de las medidas, su clientela política, que señalar con el dedo, uno a uno, a los perjudicados. Se dice que los agravios comparativos molestan más a los ciudadanos que los absolutos, pero son muy numerosos los maltratados que no aciertan a descubrirlos. De momento podemos hablar de un cuidadoso diseño de geometría fiscal, asimétrico y descentrado, al que le faltan algunos trazos que se irán completando a lo largo de la legislatura. El equipo del vicepresidente Rato puede apadrinar medidas confusas, como las aquí comentadas, pero tiene algunas intenciones muy claras y no le van a faltar sugerencias ni ocasiones para ensayarlas.